Tal como ocurrió en la AFIP y en la Oficina Anticorrupción, una supuesta “caza de brujas anti K” avanza en la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado
clave que ahora dirige en abogado Carlos Cruz. Según afirman fuentes vinculadas con la anterior gestión, en la UIF fueron despedidos o cesanteados quince funcionarios y empleados técnicos, que tienen algo en común: todos participaron de distintas investigaciones respecto a supuestas maniobras de lavado de dinero de ex funcionarios kirchneristas.
La avanzada ocurrió en el último mes: primero fueron desplazados de sus cargos el director de Análisis, Lucas Reboursin; el coordinador de Colaboraciones Internacionales, Lucas Pandolfo; y el jefe de Prensa y Comunicación, Rafael Manzanares. Luego, fueron removidos tres abogados del Departamento de Litigios Penales, dos miembros del área de Internacionales y un experto del área de Análisis, entre otros trabajadores de la Administración y del área de Supervisión.
Según informó La Nación, los directivos jerárquicos podían haber sido vinculados de algún modo con la gestión del macrista Mariano Federici, pero otros trabajadores técnicos no tenían nada que ver con él e incluso reportaban en la UIF desde antes de su llegada. Eso sí: todos tuvieron algún grado de participación en expedientes por corrupción contra figuras del kirchnerismo.
El diario consultó a fuentes del organismo respecto a la cadena de despidos sucedidos en el último mes, que por supuesto fueron atribuidos a modificaciones en la organización de la Unidad.
La súbita “limpieza” podría encuadrarse como un episodio más de las tensiones internas en el gobierno. El ala dura kirchnerista no olvida la colaboración clave de la UIF en expedientes contra Cristina y Máximo Kirchner, o el cada día más influyente empresario Cristóbal López. También esparcía sospechas puntuales: a Reboursin, por ejemplo, lo acusaban de haber favorecido a la cerealera Vicentin y sus directivos. La Nación también menciona una reciente reunión entre Carlos Cruz y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que podría haber influido en la celeridad y profundidad de los cambios.
Las suspicacias crecen si al caso de la UIF se suma lo que viene ocurriendo en otros organismos públicos clave que tuvieron participación en la entrega de información importante para el avance de causas de corrupción contra ex funcionarios kirchneristas.
Tal como informó Clarín, la semana pasada la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, avanzó en el sumario administrativo contra un grupo de trabajo interno que había organizado su antecesor Leandro Cuccioli para colaborar con la Justicia en las causa de los Cuadernos de las Coimas, de la petrolera Oil, del Soterramiento del Sarmiento y otras. Además, disolvió la Dirección de Integridad Institucional y derogó varias resoluciones sobre transparencia adoptadas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri. En lugar de esa dirección creó un denominado “Comité de Integridad y Ética Pública”.
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