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La Legislatura porteña aprobó la Ley de Responsabilidad del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que llegó al recinto como un texto consensuado que tomó en cuenta propuestas de tres bloques políticos: Vamos Juntos, UCR-Evolución y el Frente de Todos.
Con 53 votos positivos y 5 negativos -de 58 emitidos-, las legisladoras y legisladores aprobaron la Ley que tiene como objetivo “regir la responsabilidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas”.
La norma será de aplicación al sector público, comprendiendo a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, y organismos de la seguridad social.
El diputado Gastón Blanchetiere, del bloque Vamos Juntos (VJ), afirmó que el texto aprobado hoy “tiene como antecedente la Ley nacional 26.944” de Responsabilidad del Estado, aprobada en 2014, pero también “tiene aspectos superadores” y “viene a cubrir un vacío en la legislación” local.
“Es indispensable contar con esta Ley, tanto para los ciudadanos, que ven resguardados sus derechos, como para la Ciudad, porque ve resguardados sus intereses”, agregó Blanchetiere, autor del proyecto presentado por VJ.
La diputada Lucía Cámpora, autora de la iniciativa presentada por el Frente de Todos (FdT), dijo a su turno: “Coincidimos en la importancia de esta Ley porque implica pasar de un sistema jurisprudencial a uno legal”.
Y agregó que las leyes, además de garantizar a los particulares sus derechos, “deben dotar herramientas a un Estado para hacer frente a poderes de hecho muy concentrados”.
Luego, destacó que la norma “delimita aquellos casos en los que el Estado es responsable por los hechos del concesionario o contratista de servicios públicos, siempre y cuando esos hechos sean consecuencia de una falta de servicio, de un actividad ilegítima o falta de control por parte del Estado”.
Sobre este punto, opinó la diputada Myriam Bregman, del bloque Frente de Izquierda, al decir: “No vamos a acompañar esta Ley porque no estamos acá para regular los daños colaterales de un Estado que a través de estas leyes busca consolidar los sistemas de tercerizados y concesionarios y ver quién paga los platos rotos de un servicio decadente”.
Y añadió: “Todos conocemos el servicio deficiente del subte de Buenos Aires, sus propios gestores reconocen que pagaron coimas, o servicios deficientes como el de la comida que reciben las pibas y pibes de las escuelas públicas de la ciudad”.
El diputado Gabriel Solano, también del Frente de Izquierda, afirmó por su parte que “esta Ley es un pacto político de impunidad”, ya que, dijo, “viene a consagrar el Estado impune para que los funcionarios puedan seguir armando concesionarias”.
“Es una ley de la casta política argentina para blindar los negocios que arman”, agregó.
En su artículo sexto, la Ley aprobada hoy establece que la Ciudad “no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por el contratista o concesionario de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
Y aclara que “sólo generan responsabilidad directa a la Ciudad los daños cuyo hecho generador resida en una falta de servicio derivada de la inobservancia del deber expreso y determinado de control”.
También generarán responsabilidad directa del Estado “los daños ocasionados por el contratista o concesionario de los servicios públicos como consecuencia directa del ejercicio irregular del poder de ordenación o regulación del servicio”.