Preocupación en EE.UU. y México por la regulación argentina sobre Internet y los celulares

Decreto de Necesidad y Urgencia convirtió esas prestaciones en “servicios públicos”, con todas las regulaciones que eso implica. En Estados Unidos y México miran la decisión con preocupación.

En la Casa Blanca hay obsesión por el desarrollo de las redes de telefonía celular. Quieren impedir que empresas chinas participen de ese proceso, porque entienden que pone en riesgo la seguridad de los Estados Unidos. La regulación argentina golpea a DirecTV (de capital estadounidense) y a los proveedores de equipamiento, redes y otros servicios para telefonía celular, muchos de los cuales son estadounidenses.

Argentina tiene que arrancar sus negociaciones con el FMI para renegociar un préstamo pactado en US$ 57.000 millones. La opinión de la Casa Blanca incide en esas conversaciones. La Amcham -asociación que reúne a las empresas estadounidenses en la Argentina- le envió una carta al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresándole su preocupación.

En la prensa mexicana se cuenta de los problemas de AMX (la dueña de Claro, propiedad del millonario Carlos Slim) por el congelamiento. Está en un artículo del diario “Reforma”. ” Los niveles inflacionarios y el congelamiento de tarifas hacen que Argentina sea un escenario complicado para Claro, especialmente en los servicios fijos que demandan un mayor dinamismo en los paquetes y tarifas ofrecidas”, mencionaron especialistas consultados por esa publicación.

Allí también se detalla que la medida perjudicará los intereses de David Martínez, el mexicano que vive en Estados Unidos y participa en el capital accionario de empresas argentinas.

Para la administración de Donald Trump, Internet es una pieza clave en el mapa geopolítico. Acordó con varios de sus socios que no se le compre infraestructura a la china Huawei para el desarrollo de las redes 5 G. Y ahora apunta contra Tik Tok, una aplicación muy popular, porque entiende que tiene acceso a datos privados de los estadounidenses. Trump quiere que esa aplicación pase a manos de empresas de su país, al menos para los clientes norteamericanos.

Las telecomunicaciones son claves para las relaciones de Estados Unidos con sus socios políticos. Cualquier aproximación a China es mal vista por la Casa Blanca.

Las empresas norteamericanas que sufren el DNU 690/2020 tienen una estrategia diferenciada respecto a las eventuales sanciones políticas o económicas que aplicará la Casa Blanca al gobierno peronista, según consigna Infobae. Estas compañías vinculadas al servicio de televisión o internet buscarán la vía diplomática y ya solicitaron audiencia a Jorge Argüello, embajador argentino en Estados Unidos.

La fijación de precios complicará al sector. Ocasionará, según Amcham, “tarifas disociadas entre los costos crecientes de insumos y la contraprestación ofrecida; obligaciones de inversión para ampliar redes en zonas determinadas sin rentabilidad u ofreciendo productos no rentables, sin compensación alguna; estándares mínimos de calidad de los servicios que no se correlacionan con los ingresos esperados”.

Las empresas estadounidenses radicadas en el país también estiman que habrá “fuerte reducción de las inversiones futuras: nuevas tecnologías que nunca llegan y un deterioro constante de las existentes, pérdida de contenidos producidos en el exterior, y de producciones desarrolladas en el país; imposibilidad de dar servicio eficiente al crecimiento del comercio electrónico, el consumo de contenidos, la telemedicina, la educación y otros productos que requieren de la conectividad para efectuarse”. Y “preocupantemente la pérdida en la empleabilidad”.

Una de las empresas que desacuerda con la medida es Telecom. Se trata de una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas del Grupo Clarín.

La Bolsa de Comercio de Córdoba también salió a manifestarse. “Resulta altamente preocupante porque derivará en costosas distorsiones para la sociedad. La experiencia muestra que los controles de precios provocan fuertes desincentivos a las inversiones y al avance tecnológico, impiden la libre competencia y deterioran la calidad de los servicios”, manifestó.

“Estas medidas limitan, en lugar de expandir, el acceso a estos servicios, algo negativo para un país con elevadas brechas regionales de acceso a esos servicios como es la Argentina”, observaron.

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NE