Un sector de jueces criticó la “cláusula Parrilli” de la reforma judicial y pidió sancionarla en base a consensos

judiciales sino también “todos los recursos económicos, edilicios, tecnológicos, el potencial humano y la ingeniería procesal” necesarios y criticó la inclusión de la llamada “cláusula Parrilli”.

​La línea interna oficialista de la AMFPJN, liderada por los jueces Marcelo Gallo Tagle, Ricardo Recondo y Luis Cabral, celebró que “por primera vez que se introduzca en el debate reformador la discusión relacionada con la instauración de mecanismos sencillos y expeditivos para detectar y combatir posibles injerencias y presiones en la labor de los magistrados y magistradas”.

Sin embargo, señaló que “desconocemos los fundamentos que llevan a incluir dentro de ese sistema de control a los medios de comunicación, pues su actuación, a diferencia de otros actores de la vida política, tiene por principal característica resultar pública, quedar acreditada por su difusión general y, salvo excepciones groseras, amparadas por derechos constitucionales básicos”.

La cláusula impulsada por el senador K Oscar Parrilli dice que se trata del 72 inciso e) que sostiene: “Los jueces y las juezas de todos los fueros con jurisdicción federal con asiento en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán (…) comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

No obstante, “reconocemos que esa discusión debe ser dada en el ámbito parlamentario y, en ese marco, es oportuno que se considere la necesidad de generar un sistema de defensa eficiente para cuando los intentos de influencia puedan provenir del propio Consejo de la Magistratura, tal como la historia de los últimos veinte años nos ha enseñado”, subrayó.

Además, opinó que la reforma judicial debe ajustarse “a la plena vigencia de un sistema acusatorio consonante con la evolución regional y respetuoso del programa político que informa el bloque de constitucionalidad/convencionalidad que nos rige”, agregó la lista Bordó, entre otros, en un comunicado.

La nota destaca que se necesita también “la implementación de una verdadera política legislativa enderezada a fortalecer los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa, dotando a sus magistrados de normas legales que corporicen las inmunidades funcionales que les garantiza la constitución nacional”.

“Las máximas autoridades de los Ministerios Públicos deben contar con iguales garantías a las que asisten a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pues, en definitiva, ante este Tribunal actúan y sus posicionamientos resultan de igual importancia para la salud institucional de la República”, agregó en alusión a la situación del procurador general interino, Eduardo Casal, que el kirchnerismo quiere destituir.

En cuando a la creación de nuevos juzgados en las provincias, la lista Bordó advirtió “la necesidad de discutir una política general para el tratamiento y consideración del mapa judicial, atendiendo a estudios previos y serios de las diferentes realidades de un país que presenta extensiones territoriales vastísimas y situaciones económicas y sociales con marcadas asimetrías”. La reforma judicial creará 316 nuevos cargos judiciales en juzgados, fiscalías, cámaras y tribunales federales en provincias, como Formosa, con pocos juicios por habitante.

“Sin desconocer la regla de la mayoría, resulta necesario enfatizar que una reforma integral del sistema de justicia requiere también de consensos generales de los diferentes sectores políticos que representan a la ciudadanía”, añadió.