
No es un reclamo de tierras ancestrales ni una petición de reconocimiento de derechos de ocupación tradicional, como ocurre con frecuencia -y se atiende porque lo indica la ley- en la
Patagonia. Es pobreza fuera de cauce. En su desesperación lógica, esa pobreza se cruza con una nueva generación sumamente radicalizada de descendientes de comunidades locales. También existen, de acuerdo con los partes de inteligencia, “elementos” provenientes de Chile que cruzan la Cordillera de manera clandestina. Todo esa mixtura ha convertido a los propietarios del sur del país, sin importar que sean magnates o simples leñadores, en enemigos. Los elevan a la categoría de “genocidas descendientes de la conquista del desierto” y, en un delirio sin parangón, se van autoconvenciendo de que hay que forjar una “nación mapuche” dentro de los límites de un corredor prístino entre Bariloche y El Bolsón.
Es ahí, en el Sur del Sur, donde otra vez se está cocinando algo complicado.
Maldonado y Nahuel son los antecedentes trágicos de todo esto. La recordada RAM, cuya existencia jamás se comprobó fácticamente, tuvo su hora de fama durante los hechos de Colonia Cushamen, sobre tierras de Benetton. La caída de Facundo Jones Huala disolvió el apogeo de esa aparente organización. Hoy, Jones Huala está preso en el sur de Chile, culpable de atentados contra la propiedad. Pero de este lado de los Andes, integrantes de su misma agrupación, supieron involucrarse en tomas de tierras cercanas a San Carlos de Bariloche. A principios de agosto, además, volvieron a estar activos en las cercanías de Esquel.
Ahora es El Bolsón. Pero no se puede omitir el recrudecimiento de la violencia en Villa Mascardi, donde los vecinos están armados porque ya no saben cómo contener las embestidas nocturnas de un grupo que los asola desde hace 3 años, quemando chacras y cabañas de montaña, y ocupando tierras que tienen dueños con nombres, apellidos, planos y títulos de propiedad.
Un ex funcionario de Parques Nacionales, área que ahora depende del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, comentaba días atrás algo más delicado. Hablaba de “campos de entrenamiento” en la zona del Foyel y “lugares inaccesibles” donde se diseñan y planifican las avanzadas sobre lotes determinados. Y la misma gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, salió a pedir a gritos la intervención del Estado por las tomas sin razón. Señaló como “bandidos” a los que irrumpen contra la propiedad privada y pidió la urgente intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, a cargo de hoy de Magdalena Odarda, funcionaria ex ARI relanzada en el Frente de Todos.
Los dueños de la tierra, y funcionarios superados por las circunstancias, creen que desde el Estado Nacional baja una mirada benévola sobre los grupos que avanzan con las tomas. Que se pasó de un extremo al otro: de Patricia Bullrich, que mandaba a las fuerzas de seguridad a desalojarlos -a veces a riesgo de cometer excesos trágicos- a Sabina Frederic, que manda a sus funcionarios a “subir la montaña” para escuchar sus reclamos. En el medio, está la gente pidiendo paz y justicia.
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Clarín
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