El presidente Alberto Fernández justificó su polémico DNU de las telecomunicaciones en que “había 6.000 chicos” de barrios populares porteños, que estarán expuestos a contagiarse de coronavirus, porque el Gobierno de la ciudad de
Buenos Aires resolvió que vuelvan a la escuela los alumnos que no tienen conectividad a Internet.
Con esa polémica declaración, el Presidente intentó justificar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dictó el viernes por la noche, que declara como servicio público esencial a Internet, la telefonía celular y la TV paga en todo el país, junto con el congelamiento de sus precios hasta fin de año y una nueva regulación de precios que será implementada por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom).
En una entrevista que dio este domingo a Radio 10, Alberto Fernández dijo: “Lo que más me decidió fue una charla que tuvimos con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde me explicaba que había 6.000 chicos que tenían que volver a estudiar a las escuelas, porque la conectividad de Internet les llegaba mal”.
“Eso me pareció una mala lectura de lo que debía hacerse, que es llevarles conectividad a esos chicos. No sacarlos a esos chicos y exponerlos al riesgo de contagio en los colegios“, agregó Alberto Fernández.
Es que el mismo viernes que Alberto Fernández dictó el polémico DNU, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y los 17 gremios docentes porteños tuvieron la primera reunión en la que avanzaron en el análisis de un protocolo “para la apertura progresiva de los espacios digitales” en 634 escuelas a partir del 31 de agosto. Una decisión que rechaza el Gobierno nacional, porque considera un riesgo para los alumnos.
“Si el Presidente quiere garantizar el acceso a Internet, eso se hace con el Fondo del Servicio Universal, que ya se está dando en los barrios vulnerables del conurbano. Se podría haber extendido el programa a los alumnos sin conectividad a Internet”, dijo Silvana Giudici, ex titular del ENaCom en la gestión macrista, que asumirá como directora de ese organismo a fin de mes, en representación de Juntos por el Cambio.
El ENaCom tiene más de $10.000 millones disponibles en el Fondo de Servicio Universal, que están en una cuenta del Banco Nación, para dar Internet a los alumnos de barrios populares y a todos aquellos que no puedan pagar los servicios o estén en zonas con problemas de conectividad. Ese Fondo se sigue incrementando, con el aporte mensual del 1% de los ingresos de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, tal como establece la normativa vigente desde el año 2000.
El especialista Enrique Carrier dijo que también “hay algo que no se tiene en cuenta. En los hogares de niveles socioeconómicos más bajos, además de faltar la conexión o el dispositivo, suele faltar el ámbito. Si son varias personas viviendo en uno o dos ambientes, no hay un ámbito apropiado para estudiar. No todo es tecnología”.
En la entrevista con Radio 10, Alberto Fernández respondió las críticas de “algunos” opositores al DNU, debido a que “piensan que la Argentina se vuelve Venezuela porque regula derechos en favor de la gente. Me considero admirador de dos países, por como funciona el Estado en esos dos países: Noruega y Finlandia. En esos dos países estos son servicios públicos. Antes que digan que somos Venezuela, ojalá nos parezcamos a Noruega o a Finlandia, pero eso no lo cuentan”, dijo Fernández.
Un especialista explicó a Clarín que en Finlandia hay un “derecho garantizado de acceso a Internet, pero los precios del servicio al usuario no están fijados ni congelados por el Estado”. Además, el 34% del costo de expansión de los servicios en zonas con problemas de conectividad está a cargo de los operadores, mientras que el 66% restante lo financian el Estado nacional, los municipios y el Fondo de Desarrollo Rural de la Unión Europea.
“En ningún país de la Unión Europea los precios de Internet, la telefonía celular y la TV paga están fijados por el Estado. Y mucho menos congelados, con una inflación anual del 40%”, agregó el especialista, que prefirió mantener su anonimato para no aparecer confrontando con el Presidente de la Nación.
El día anterior a la entrevista que dio Fernández, el exvicepresidente de Arsat y profesor titular de Legislación Comparada (UBA), Henoch Aguiar, destacó que “definir topes de precio en servicios muy tecnológicos tiende a bajar la calidad de todos los prestadores a la vez. Por ello, en China, hace cinco años, se permitió que los tres prestadores estatales móviles establecieran precios libres, justamente para mejorar la calidad de sus servicios”. Según Aguiar, “con modelos de tarifas fijas los prestadores frenan la oferta de mayor capacidad de Internet (fija y móvil), así como las inversiones en electrónica o tendidos para mejorar lo existente”.
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