El DNU de Alberto Fernández que controla las comunicaciones como si fuera un servicio público y congela sus precios cayó como un balde de agua fría entre los prestadores de telefonía celular y
fija, TV paga e Internet. Ninguno quiso ser mencionado, hasta ver los detalles del DNU; pero varios lo cuestionaron, a condición de mantener su anonimato.
Es que el Presidente planteó en sus tuits que esa decisión implica que se recuperen “herramientas regulatorias que el Gobierno anterior quitó al Estado“. Pero los prestadores aseguran que ningún gobierno reguló los precios de esos servicios, “por que no son tarifas, como los servicios públicos”, dijo una fuente del sector.
“Al desvincular los precios de los costos se desfinancia al prestador, que no puede cumplir con adecuados niveles de servicio y se ve forzado a desinvertir”, aseguró el directivo de un prestador de servicios de Internet. Y añadió que “esto terminará afectando al usuario, ya que se abren las puertas a ineficiencias en la prestación de los servicios”.
De hecho, en mayo pasado se había resuelto un congelamiento de precios entre los prestadores y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), que vencía a fin de mes.
Por eso, Movistar, Personal y Claro venían anunciando a sus clientes aumentos de precios entre el 6% y el 15% a partir de septiembre, según el plan contratado, ya que debían informar sus incrementos con 30 días de antelación. Y en el caso de Internet venían aumentos que iban a estar en el orden del 9% al 11%.
“Ahora el Gobierno anuncia un congelamiento hasta fin de año, en forma unilateral. Nadie se esperaba algo así, porque venían conversando con los funcionarios del ENaCom en términos razonables”, planteó un especialista del sector de las comunicaciones.
Fuentes de la industria afirmaron a Clarín que esto va a contramano de lo que ocurre a nivel mundial, donde en general los gobiernos fomentan la competencia entre múltiples prestadores nacionales e internacionales, de diferentes tamaños y con fuerte participación de pymes y cooperativas.
“No son servicios monopólicos, como la electricidad, el gas o el agua”, dijo un especialista del sector, para diferenciar el régimen de licencias otorgadas a los prestadores del sector de las comunicaciones, de las concesiones que tienen los prestadores de servicios públicos. Y agregó que se trata de un sector de capital intensivo, donde “es crucial mantener un nivel de precios que permitan el financiamiento de las inversiones necesarias para la provisión eficiente y expansión de los servicios”.
Una vez que se conozca el detalle de los anuncios realizados por Alberto Fernández, las empresas prestatarias de servicios de comunicaciones fijarán una postura pública. Mientras tanto, son cada vez más fuertes los cuestionamientos a las medidas presidenciales.
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