La sorpresiva medida del viernes a la noche a través de la que el gobierno declaró como servicio público esencial a la telefonía celular y fija, internet y a la TV
paga, y además congeló las tarifas hasta fin de año, generó una crítica de las telcos, un rechazo de la oposición. Este sábado salió a defenderla el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López, que será el organismo encargado de aplicar la nueva norma.
“Separaría la medida en dos partes. El congelamiento responde exclusivamente a la situación de pandemia”, sostuvo el funcionario y comparó la situación con la prórroga del congelamiento de los servicios públicos tradicionales de agua, luz y gas. Y “frente al anuncio que habían hecho las empresas de que desde el 1° de septiembre iban a aumentar de manera unilateral -y ya habían aumentado en abril”, explicó López.
“Después sí, hay una decisión más profunda y que tiene que ver con el lugar que ocupan las TIC (tecnologías de la información y las comunicaciones), Internet, telefonía, y la televisión paga en la sociedad, no en nuestro país sino en el mundo. La ONU las considera un derecho humano básico. El Gobierno decidió retomar algo que estaba escrito en 2014: Internet como servicio público esencial y que fue derogado por (Mauricio) Macri en 2015. No es solo una declaración, sino que habilita a que los aumentos de precios no puedan ser unilaterales sino que tengan que tener autorización del Gobierno”, sostuvo en diálogo con el programa “Digamos todo” de CNN Radio.
“Esto no significa que fijamos tarifa, no hay un valor del Giga, del Mega. Cada empresa en lugar de aumentar sin que nadie le diga nada, para aumentar tiene que justificar los aumentos de costos y el gobierno le va a decir: ‘Bueno, es el 10%, el 5% o el 8%’. Pero allí trabaja en competencia, después entre ellos pueden ofrecer planes más baratos, distintos planes. El ejemplo más claro es la medicina prepaga, tiene variedad de empresas prestadoras, compiten entre ellas pero no pueden aumentar, por el objeto del que se trata. que es la salud pública, por su propia voluntad sino que tienen que pedir autorización a un ente que analiza”, comparó Gustavo López.
“Es una actividad que pasa a tener un precio regulado, sí se introduce algo muy importante que son los planes sociales, una prestación social, universal y obligatoria. Cada empresa va a tener que ofrecer un servicio más reducido y más económico para aquellos que no puedan pagar un servicio más alto y más completo”, detalló el funcionario que fue subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
López se refirió también a cómo fue el anuncio. “Veníamos dialogando con las empresas, el último diálogo fue el miércoles a la tarde. Hasta hace un tiempo veníamos trabajando muy bien, en agosto sin consultar ellos deciden notificar un nuevo aumento desde el 1° de septiembre. Nos volvimos a sentar y les dijimos que seguíamos en la pandemia, en el pico, ‘nos parece que no corresponde’. Legalmente lo podían hacer porque no había ningún instrumento que lo impidiera y se empezó a evaluar si es una actividad esencial, si es un derecho humano básico y si los chicos y las personas que están haciendo homeoffice necesitan de este servicio, no puede quedar librado a que la empresa vuelva a aumentar. Vamos a poner reglas que no impidan que ellos aumenten pero que no pueden aumentar sin el acuerdo del Estado. Deja de ser oferta y demanda para analizar costos“.
“Nos preocupa y por eso está en el DNU que el precio sea justo y equilibrado, que contemple la ganancia de la empresa.Ahora nos tenemos que sentar, y será seguramente con ellos, a escribir las reglamentación. No solo no queremos perjudicar la actividad sino que queremos crezca y se fortalezca porque es un servicio imprescindible”, remarcó el funcionario.
Y respondió a una de las críticas de las empresas sobre las inversiones y la calidad del servicio: “No tendrían que bajar ni la calidad del servicio ni las inversiones, lo que no se puede aumentar por la crisis económica se recuperará después, como le va a ocurrir a todas las empresas. El nivel de recaudación no bajó, la gente siguió conectada y que el esfuerzo fue colectivo, incluso de las empresas. El congelamiento es una medida excepcional, en una situación excepcional, no es una regla. La regla ahora sí es: no podés aumentar lo que quieras, tenes que pedir autorización y vamos a hacer un análisis de costos en conjunto para aumentar, que garantice que puedas hacer las inversiones que el país requiere, pero el Estado también va a hacer obras de infraestructura. El Estado acaba de firmar a través del ENACOM una inversión de $ 4.000 millones”.
Por otro lado, López fue consultado sobre si la medida apuntaba a alguna empresa en particular. “No, no la hay. Hay una necesidad de proteger al ciudadano, al usuario, al consumidor del aumento de precios sin que el consumidor lo sepa”, señaló el vicepresidente de ENACOM y le repreguntaron si era un nuevo capítulo de un gobierno contra el Grupo Clarín aseguró: “No, para nada. Es lo que expliqué, está en el decreto, se ha vuelto esencial e importante para la sociedad y ya estaba en una ley”.
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