Reforma judicial: los escenarios y peligros que dispara la “cláusula Parrilli”

gobierno, incluye un artículo, metido con calzador y a último momento, vergonzante de nacimiento que condiciona el accionar de los jueces y es, por eso mismo, inconstitucional e inaceptable.

El artículo obliga a los magistrados a denunciar ante el Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos (…)”. El disparate es obra del senador Oscar Parrilli, que obedece órdenes de su jefa, a quien una grabación de 2016 registró dándole una orden terminante: “Hay que salir a apretar a los jueces”.

Si la ley se sanciona, cualquier aclaración reglamentaria habrá que consultarla con la vicepresidente, que al parecer sabe lo que dice cuando habla sobre influenciar en sus decisiones a los magistrados.

El proyecto de Ley abre un interesante debate. Por ejemplo, en un futuro de hipótesis, ante un caso de violencia de género en el que ha sido asesinada una mujer, o herida de gravedad, si un periodista escribe una columna de opinión en la que cifra su esperanza de que “la justicia actúe con todo rigor”, ¿el juez de la causa deberá denunciarlo por considerar esa opinión un intento de influir en sus decisiones?

Señalar, como se hace hoy, que la Justicia es lenta en la Argentina, ¿habilitaría a la Corte Suprema, cabeza del Poder Judicial, a enjuiciar al periodista que escribió el artículo o al medio que lo publicó, dado que se puede pensar que es intención del “poder mediático” influir en el accionar judicial para que sus plazos sean un poquito más acordes con los tiempos modernos?

La ley deberá explicar con claridad a qué llama “poderes políticos, económicos o mediáticos”, para esquivar cualquier resquicio arbitrario que deje abierto el cuerpo legal. Un humilde diario de provincia que cuestione, por ejemplo, el accionar de un juez local o nacional, ¿deberá ser denunciado? ¿Es un medio de escasa tirada un “poder mediático” tal como parece entenderlo el proyecto Parrilli?

Luego, el proyecto de ley no deja en claro el momento en el que puede cometerse el presunto delito que el juez debe, está obligado, denunciar. El proyecto dice que debe hacerlo cuando nota que uno de esos poderes “intenta influenciar sus decisiones”.

Se entiende que es antes de tomarlas. Después de tomada la decisión, ¿la prensa podrá cuestionar un fallo? Si la respuesta es sí, ¿ese cuestionamiento no podrá ser tomado como un intento de influenciar al eventual organismo judicial que deba decidir una apelación, esto es una Cámara de Apelaciones, la Cámara de Casación o la propia Corte?

¿Entran en la categoría de incuestionables a la que aspira la ley, los fiscales, que en muchos casos están equiparados a los jueces aunque con responsabilidades diferentes?

El proyecto de ley parece armado entre gallos y medianoche, pero un gallo patitieso y una medianoche de resaca.

Más hipótesis, un juez de criterio amplio, convicciones firmes y desligado de los extravíos K, que los hay aún, considera que un artículo periodístico, o una opinión de la Cámara de Comercio, o de un partido político, ni lo ofende, ni presiona su sentido común y mucho menos lesiona su independencia, ¿estará obligado a denunciar igual a esos “poderes”? En ese caso, ¿quién decide entonces por el juez que fue condicionado?

Otro interrogante, un juez que denuncia que una opinión, un artículo periodístico o el comunicado del jefe de prensa de un partido político, condiciona, influye, restringe o supedita su fallo, ¿no debería ser sometido a juicio político? La administración de Justicia no debería estar en manos tan frágiles como las que imagina el proyecto Parrilli.

La elaboración de las leyes, tampoco debería estar en manos tan frágiles.

Pero, ya se ve.

Réplica de JxC

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