Cunde el malestar en las asociaciones de jueces por el vuelco que parece haber dado el camino a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Si en julio el órgano de
gobierno reveló que ya había contactos entre el PSOE y el PP para por fin, más de año y medio después, iniciar el proceso, ahora se antoja complicado que llegue a estar en mimbres para la Apertura del Año Judicial, prevista el 7 de septiembre. El detonante ha sido la salida de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso, quien a su marcha, insinuó que irse facilitaba al PP las cosas para sentarse con el PSOE, forzando a Génova a desmentir acercamientos. Asisten estupefactos en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD) y el Foro Judicial Independiente (FJI), donde señalan el flagrante incumplimiento del mandato constitucional de renovar cada cinco años por intereses partidistas con vistas a corto plazo. «Las instituciones del Estado no se pueden parar. No pueden dejar de funcionar», decía a ABC la portavoz de JJpD, Ascensión Martín. Desde la APM, Manuel Almenar, aún reconociendo todas las dificultades para alcanzar un acuerdo, como la perspectiva de una moción de censura, incidía en que la renovación, como «cuestión de Estado» debía estar por encima del «partidismo». En el FJI, Concepción Rodríguez se mostraba «completamente en contra de la politización», con miras más amplias: No reclama ya renovar, sino cambiar el sistema. De fondo, la esperanza de que a puerta cerrada, detrás del ruido, sí se esté produciendo algún avance.
FUENTE DIARIO ABC:
