Después que el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), Abel Córdoba, pidió una condena de 12 años para Lázaro Báez y otras penas para sus cuatro hijos y
otros doce imputados, en la causa que investiga la Ruta del dinero K comenzaron los alegatos de la defensa del dueño del Grupo Austral, principal acusado de haber lavado U$S 60 millones entre 2010 y 2013. En tanto, este miércoles la abogada del contratista K dijo que todo responde a una “operación de inteligencia estatal y paraestatal” y que Báez es víctima de una “persecución penal”. Cargó contra el gobierno de Mauricio Macri, por poner en riesgo “el estado de derecho”.
Las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) ya habían pedido condenas para el empresario: nueve años, ocho y ochos años y medio, respectivamente. Todos sostuvieron que parte del dinero que Báez recibía por la obra pública se volcó a las operaciones de lavado de dinero. La pena máxima hasta el momento, fue la requerida por el fiscal: 12 años para el contratista K.
Por delante quedan los alegatos de 26 imputados, luego de los cuales se escuchará la sentencia del TOF 4, integrado por el juez Néstor Costabel y las juezas Gabriela López Íñiguez y Adriana Pallioti.
Abril de 2016: Lázaro Báez es trasladado detenido, esposado y con chaleco antibalas desde el aeropuerto de San Fernando, por orden del Juez Casanello.
Cuando fue su turno de alegar, el representante del Ministerio Público Fiscal indicó que al menos en seis instancias se movió dinero “de origen ilícito” y se incorporó “a una compleja estructura, a la organización delictiva”, con el fin de lavar fondos. Entonces, detalló que para que esto ocurriera, “hubo no sólo dinero líquido que provenía de Austral Construcciones, sino también “altos niveles de secretismo”.
El fiscal también pidió condenas para los cuatro hijos de Báez. A Martín Báez, quien se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza, se le requirió una condena de nueve años, mientras que para Leandro Báez solicitó cinco años de prisión. Para las hijas del empresario K, Luciana y Melina Báez, el requerimiento del fiscal fue de cuatro años y medio de cárcel.
Sin embargo, para Elizabeth Gasaro -abogada de Lázaro Báez-, todo el expediente respondió a una “persecución penal, a la manipulación mediática, acusaciones arbitrarias y antojadizas”, y señaló que “lo peor fue la privación ilegítima de la libertad de ciudadanos inocentes”, como a su entender, es el empresario K, a quien describió como “una víctima”.
Al iniciar su alegato, la abogada de Báez dijo que el caso conocido como la Ruta del Dinero K es una de las “mayores operaciones parajudiciales, una operación de inteligencia estatal y paraestatal con la participación de todos los medios de comunicación, sobre todo el diario Clarín se ocupó enfáticamente que el señor Lázaro Báez tuviera un sinfín de tapas”.
En la Ruta del Dinero K se juzga el blanqueo de 60 millones de dólares realizado en tres etapas, cuyos responsables son acusados de “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. Se tuvo también en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza”, además de la exteriorización de dinero y su reingreso al país.
La flota de vehículos negros de Lázaro Báez, durante el allanamiento de 2013 en Santa Cruz.
En base a esta acusación, el ministerio Público Fiscal dio por corroboradas las maniobras que tienen como principal responsable al ex socio comercial de Cristina Kirchner. Al estudiar la estructura delictiva, ratificó los engranajes investigados por el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Casanello, que se habrían concretado entre 2010 y 2013 con la participación más de veinte personas físicas y unas quince personas jurídicas.
Tanto la Fiscalía como las querellas sostuvieron que la piedra angular de todas las operaciones investigadas fue Austral Construcciones y consideraron que el empresario K “fue el creador, el artífice del entramado que desde Austral se ramificó a otras firmas usadas para las maniobras de lavado”. Y reforzó el concepto: “La organización con despliegue transnacional tuvo a la cabeza a Lázaro Báez, quien detentó el poder total de Austral como de la organización de lavado, contó con toda la estructura de relevancia con una colaboración incondicional de los socios formales, de sus directivos, de sus subordinados e incluso familiares”.
Este circuito de lavado de activos quedó vinculado con la causa de la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista (51 contratos por 46.000 millones de pesos). En ese expediente, a cargo del TOF 2, se está juzgando a Cristina Kirchner y a Báez por asociación ilícita.
Las irregularidades con esas obras se consideraron como delito precedente de las operaciones de blanqueo: sin ese manejo de fondos, el empresario K no podría haber ingresado a la organización de blanqueo dinero.
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