La juez avala el tercer grado para Junqueras, Romeva y Jordi Sànchez, pero siguen en prisión a la espera del TS

La juez de vigilancia penitenciaria ha avalado el tercer grado que el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña concedió a los exconsejeros Oriol Junqueras y Raül Romeva y al exlíder

de la ANC Jordi Sànchez, pero lo mantiene suspendido a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. En sus autos, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Barcelona desestima los recursos de la Fiscalía contra el régimen de semilibertad otorgado a Junqueras, Romeva y Sànchez, al entender que el Departamento de Justicia ha actuado “correctamente” al clasificarlos en tercer grado. No obstante, mantiene suspendido el régimen abierto de esos tres políticos presos, hasta que la sala segunda del Supremo, que como tribunal sentenciador tiene la última palabra en la clasificación de los condenados por el “procés”, resuelva sobre los recursos de apelación de la Fiscalía. En su auto, la juez discrepa del ministerio Fiscal, al que acusa de apelar a principios jurídicos más propos de un “sistema decimonónico e histórico del Estado anterior al siglo XX, y muy anteriores a nuestra vigente Constitución”, en relación a la doble función de las instituciones penitenciarias, la reinserción de los condenados, pero también su retención y custodia. Del mismo modo, y en lo que es de hecho el núcleo de la argumentación, la juez rechaza la tesis de la Fiscalía en relación al grado de arrepentimiento y riesgo de reiteración del delito que se puede deducir de expresiones como “ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer) expresadas por los condenados. Al respecto, la juez de vigilancia penitenciaria hace suyo el argumento de la defensa, en este caso de Oriol Junqueras, en el sentido de que sus manifestaciones reiteradas de que volería a conducirse en los mismo términos que justificaron su condena, “no se refiere a un alzamienti tumultuario tal y como recogen los hechos probados si no a la voluntad de continuar reivindicando el derecho a decidir sobre la situación de Cataluña de forma pacífica y no violenta”.