Diputados de Juntos por el Cambio pidieron al juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge que no le envíe al presidente de la Comisión de Seguimiento de los organismos
de inteligencia, el diputado K Leopoldo Moreau, la lista de llamados telefónicos del secretario de Macri, Darío Nieto, en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal macrista.
La solicitud se basa en que se trató de una decisión personal de Moreau y no fue aprobado por los miembros de esa comisión. “Las atribuciones de control parlamentario que tiene esta Comisión, son para supervisar a los organismos del sistema de inteligencia, y no a los jueces ni a las causas”, recordó el diputado opositor, José Cano.
Cano y otros hicieron el pedido luego de denunciar a Moreau, por revelar secretos de Estado, violar el derecho a la defensa de ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y tratar de manipular causas judiciales.
La denuncia forma parte de la causa que investigan la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli para determinar si existe “un plan de encubrimiento” para lograr la impunidad de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en causas como la de los Cuadernos de las Coimas.
Además de la denuncia penal, un grupo de diputados de la oposición encabezados por el tucumano Cano le presentó una nota a Moreau quejándose por una serie de “situaciones irregulares” en la comisión que preside por “prejuzgar” sobre la causa por supuesto espionaje macrista que investiga el juez federal de Lomas de Zamora 2, Juan Pablo Auge. Hasta diciembre de 2019, esa comisión la presidía el senador radical Juan Carlos Marino y se trabajaba en un clima de respeto y consensuado, recordó diputados de Juntos por el Cambio.
El diputado por Tucumán explicó que ya se revelaron los nombres y las declaraciones reservadas de 12 agentes de la AFI, entre ellos el ex director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra que era el encargado de prevenir atentados terroristas. Debido a esa situación, el ex director del área de jurídicos de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Juan Sebastián Destéfano, se negó a presentarse ante la comisión y lo hará directamente ante la Justicia.
Incluso, recordó que Moreau había dicho que fue “un gran día para la democracia” la detención de 22 personas en la causa del espionaje cuando la tenía el juez Federico Villena y dijo que “es el mismo diputado que critica la llamada doctrina Irurzun” por las prisiones preventivas a ex funcionarios K procesados por corrupción. Moreau fue uno de los impulsores del Operativo Puf para llevar la denuncia contra el falso abogado Marcelo D’Alessio al juzgado de Dolores y perjudicar la causa de los Cuadernos.
En el escrito al que accedió Clarín, los diputados de Cambiemos señalan que denuncian a Moreau por la comisión del delito previsto y tipificado por el artículo 157 del Código Penal de la Nación que prohíbe revelar documentos secretos. Citan como ejemplo que el ex lobista de Ciccone en una entrevista realizada por el periodista K Gustavo Sylvestre el 18 de junio de 2020 por el canal C5N, “reveló hechos y situaciones a las que tuvo acceso por su condición de integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia”.
“Al así proceder, violó el artículo 40 de la ley 25.520, y fundamentalmente el artículo 157 del Código Penal que reprime al “funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”, agregaron.
Antes de la denuncia penal, los diputados le habían advertido al mismo Moreau en una nota sobre “las de diversas situaciones irregulares, que se presentan en el ámbito de las actividades de esta Comisión, que violarían las atribuciones y deberes de la misma, en los términos que establecen la Ley N° 27.126, la ley N° 25.520 y los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación”.
La nota está firmada por los diputados Cano, Karina Banfi, Alvaro De Lamadrid, Fabio José Quetglas, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Sebastián Salvadore, Luis Pastori, Jorge Vara, Gustavo Menna, Estela Regidor Belledone y Cristian Ritondo. En el escrito, advirtieron que la “difusión en los medios del contenido de las transcripciones, de carácter reservado, de las declaraciones que se han tomado en el marco de la Comisión” viola derechos de los citados. Esta Comisión “convoca a declarar, entre otras, a personas que habrían sido imputadas en causas judiciales, pero que, al momento de tomarle declaración en la Comisión, no han podido tener acceso a las causas penales, y por lo tanto vulnerables en su derecho a defensa y a la credibilidad del testimonio que brinden”.
“Pareciese que esta Comisión, instrumento que la Democracia ha establecido para resguardar el Estado de Derecho, trabaja de forma paralela a la Justicia, pero sin las mismas garantías o resguardos que debiera tener el debido proceso”, agregaron. Luego los diputados afirmaron que así produce “un efecto contrario al buscado, como es saber la verdad de lo que ha sucedido, pudiendo llegar también a entorpecer desde el aspecto procesal, la investigación judicial de los hechos”.
Más adelante, solicitaron que “se investigue y determine, quienes han sido los responsables de las filtraciones de información de esta Comisión Bicameral; se arbitren los medios necesarios para subsanar esta situación muy grave; se busque que los procedimientos de la Comisión, no intenten influenciar o entorpecer los procesos judiciales que se están llevando a cabo”.
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