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El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, se reunirá este martes por primera vez para comenzar a elaborar un dictamen con “propuestas y recomendaciones” al Ejecutivo sobre reformas a la Justicia, entre ellas referidas a la Corte Suprema, en un plazo de 90 días.
El encuentro de la comisión de juristas, que funcionará en el ámbito de la Presidencia de la Nación, se realizará a partir de las 11 en forma virtual, según informaron fuentes oficiales.
Los integrantes del consejo son Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés einberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo.
Según el decreto que oficializó la creación del consejo, el mismo deberá realizar una “descripción valorativa con especial indicación de los problemas que se observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.
Asimismo, precisó que los juristas convocados deberán analizar el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional”.
También, la comisión deberá evaluar el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño.
El decreto especifica que el dictamen que efectúe el Consejo Consultivo “será adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, en su caso, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas”.
En los considerandos de la norma, se señaló la necesidad de que el trabajo del Consejo “se encamine sobre la base de pasos firmes y amplios consensos”, y señala que, por eso, se eligió a “personalidades del ámbito del Derecho” que “demostraron en su trayectoria un compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho”.
