La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación (AMFJN) volvió este martes a realizar una serie de observaciones al proyecto de Reforma Judicial que se debate en el Senado.
Si bien coincidió en la necesidad de modernizar la Justicia y aclaró que no se opone al debate aunque lo considere “inoportuno” en medio de la pandemia, manifestó su preocupación por una serie de artículos del proyecto de ley como, por ejemplo, el que establece que en el futuro la prueba de oposición de los nuevos jueces en el Consejo de la Magistratura “será oral y pública” y se suprimen los exámenes escritos.
“Esta disposición tiene falencias que es imprescindible señalar y que podrían generar numerosos conflictos en el futuro: en primer lugar, sorpresivamente no hace ninguna mención a los antecedentes de quienes concursan, lo que echaría por tierra la carrera judicial”, señaló en una nota la AMFJN que preside Marcelo Gallo Tagle.
Además, “se excluye el examen escrito, que es la única forma que puede garantizarse el anonimato a la hora de corregir las pruebas rendidas”, agregó la entidad que reúne a más de 3 mil magistrados y funcionarios judiciales de todo el país.
Se trata de un punto clave porque, hasta ahora, la prueba escrita se toma en forma anónima con una clave alfanumérica. De esta forma, el jurado no sabe a quién está corrigiendo. Ahora si la prueba será “oral y pública” en el futuro los miembros del jurado podrían beneficiar a sus “ahijados políticos” o seguir la sugerencia de algún funcionario del Gobierno.
El Consejo de la Magistratura fue una de las consecuencias del pacto de Olivos entre los ex presidentes Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Antes de la reforma de la Constitución en 1994, los jueces se los repartían prácticamente en porcentajes el PJ y la UCR en función de los últimos resultados electorales. Con la Magistratura se crearon una serie de exámenes para que los candidatos tengan mejor preparación y se despolitice lo más posible su elección. Por ejemplo, el ex juez Norberto Oyarbide fue elegido por Menem a dedo solo por el apoyo de la Policía Federal y la SIDE, ya que no tenían antecedentes académicos de magnitud.
Luego la nota vuelve a criticar que en momentos en que se está por implementar el sistema acusatorio en todo el país por el cual los jueces delegarán las investigaciones en los fiscales, se crean menos fiscalías que los juzgados federales. El proyecto “se limita a crear 23 Fiscalías que actuarán ante estos juzgados unificados, es decir que, frente a tribunales con toda su estructura de recursos y su asiento físico, el proyecto nos presenta solo 23 nuevas fiscalías sin un espacio donde funcionar ni una dotación de personal”.
“El art. 25 dispone que el Procurador General procederá a distribuir el personal que se desempeña en las 23 dependencias unificadas. Este desequilibrio no es solo de número, es esencial. El sistema acusatorio pone en cabeza de quienes actúan como fiscales, la investigación de los delitos y eso significa tener personal especializado, en cantidad suficiente, espacios para tomar declaraciones y varios requerimientos que el proyecto no le otorga al Ministerio Público”, finalizó la nota.
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Clarín
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