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Así también, se encuentran imputados Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González, todos
De la misma manera, fueron procesados Silvino Ortiz, Alen Elpidio Cardozo y Lino Ozuna Fernández, quienes serían los contratistas adjudicados
La investigación guarda relación con la suscripción de cinco contratos con fondos provenientes del Fonacide y de los royalties, cuyas obras habrían sido abandonadas, según la fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).
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La CGR realizó las respectivas verificaciones in situ y pudo comprobar que las construcciones realmente no habían sido ejecutadas o se habían realizado de forma parcial, en algunos casos.
Para el Ministerio Público, existiría un perjuicio patrimonial de G. 732.600.000 por medio de adjudicaciones para construcciones de obras que en realidad no habrían sido ejecutadas y que incluso contaban con certificado de obras.
Es decir, que se certificaba que las obras fueron supuestamente habilitadas en presencia del intendente de la ciudad.