El
escándalo en la Justicia en San Isidro no se detiene. A la investigación contra el suspendido fiscal Claudio Scapolán, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que gerenciaba el narcotráfico, se sumó ahora una acusación similar contra Fernado Domínguez, el funcionario que dirige esta causa.
Domínguez imputó a 48 personas, entre ellas el fiscal Scapolán, sus dos secretarios Maximiliano Jarisch y Gustavo Sanvitale y dos jefes policiales, Marcelo Di Rosa y Roberto Adrián Okurzaty. Los acusa como integrantes de una “asociación ilícita” que se quedaba con droga secuestrada en procedimientos contra el narcotráfico y que luego la utilizaba para revenderla, “plantarla” y/o extorsionar a personas ligadas o no al tráfico de drogas, entre los años 2012 y 2015, en los partidos de San Isidro, Morón y San Martín.
“Fiscales como Scapolán hay en todos lados”, grafica a PERFILJuan Manuel Casolati, abogado penalista con sobrada experiencia en el fuero federal y provincial, que interviene en una causa por narcotráfico cuya principal evidencia “era falsa”.
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Lo curioso es que en este caso el instructor no es Scapolán, sino el fiscal federal que lo acusa de arreglar con narcos: Fernando Domínguez. La acusación contra Domínguez es por el encubrimiento de un supuesto narco y falsificación de pruebas para encarcelar a Gustavo Sancho (60), un empresario sospechado de liderar una poderosa organización con base en el partido de San Martín.
La causa contra Sancho se inició en 2014, a partir de una denuncia anónima en la que se refería que era narcotraficante. El empresario fue investigado a fondo, con trabajos de inteligencia, seguimientos, intervenciones telefónicas, instalación de cámaras de vigilancia frente a domicilios y uso de drones, pero los detectives no obtuvieron pruebas relevantes.
En febrero de 2017, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado le concedió la eximición de prisión. Sin embargo, un mes después apareció un testigo que declaró bajo reserva de identidad y aseguró que “Sancho es narcotraficante”. Dijo que el empresario se dedicaba a “importar cocaína en grandes cantidades a través de vuelos clandestinos, que aterrizan en la localidad bonaerense de General Belgrano, en un campo de un lugareño”.
Además, apuntó que Sancho estaba vinculado a un cargamento de cocaína incautado tiempo atrás en Paraguay. Como dato relevante aportó que las coordenadas del GPS de la avioneta paraguaya coincidían con las del campo del lugareño que supuestamente trabajaba para Sancho.
A raíz de ello, se pidieron más de 50 allanamientos y se mandó a certificar si la coordenada del GPS del avión daba en el interior del campo indicado por el testigo.
Gendarmería certificó que la coordenada estaba en el interior del campo que se vincularía a Sancho y, sobre la base de estas pruebas (testigo y coordenada), se ordenó la detención y procesamiento de Sancho, en noviembre de 2017.
“Tiempo después nosotros hicimos la pericia y se demostraron dos cosas: primero, que en el campo indicado no se encuentran las coordenadas y, segundo, que esas coordenadas coinciden en realidad con una pista clandestina, de más de 10 kilómetros de largo, que se encuentra afuera de esos campos, en tierras fiscales, a orillas del canal 11”, asegura a PERFIL César Albarracín, codefensor de Gustavo Sancho, junto a Casolati.
“Sumamos también que uno de los lugareños de General Belgrano, de nombre Carlos Redolfi, estaba vinculado a una organización narco que usaba esa pista clandestina del canal 11 (causa de Junín 42.727), y que el testigo usado por Domínguez no sólo habría declarado falsamente para perjudicar a Sancho, sino también para proteger a Redolfi, que sería el verdadero responsable de los vuelos y aterrizajes en la pista”, señala el letrado.
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Los abogados de Sancho hicieron una denuncia penal por posible falso testimonio, pero también por falsedad ideológica del acta de Gendarmería que certificó que la coordenada se encontraba dentro del campo supuestamente vinculado a Sancho. La denuncia se radicó en la Justicia de Dolores, pero el Juzgado declinó competencia en San Isidro.
Domínguez aceptó la competencia, pero archivó la causa con la excusa de que el resultado de la investigación podría beneficiar a Sancho. Finalmente, la Cámara de Apelaciones revocó la decisión, pero el fiscal que ahora investiga a Scapolán volvió a expedirse y se negó nuevamente a instar la acción. El proceso, entonces, se cerró definitivamente.
“Nosotros pensamos que, desde el inicio, se sabía que el testigo era un narco, que ese narco fue protegido a cambio de que ayude a armar prueba falsa contra Sancho y que por eso el fiscal Domínguez se niega a que se investiguen las falsedades”, entiende Albarracín.
“Dada los posibles delitos y negativas a investigarlo, hicimos denuncia ante la Comisión Interamericana y, luego del juicio, haremos las denuncias penales a nivel local”, adelanta.
La acusación contra Domínguez se suma a una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, falsedad ideológica y encubrimiento, que difundió esta semana el sitio Infobae.
La presentación sugiere que “el titular de la Fiscalía Federal 2 de San Isidro tiene vínculos con el narcotráfico y por tal motivo no ha impulsado acciones penales contra las grandes bandas que operan en el partido”.
“No se trata de un accionar aislado”, entiende Albarracín, sobre las actuaciones de los fiscales Scapolán y Domínguez. “Parece muy común actualmente, en especial en los procesos en los que existe interés político o mediático. En el caso de Domínguez parece haber acudido a métodos análogos a los que el mismo ha censurado con corrección en otros procesos en el que se investigó la conducta de otros agentes judiciales que actuaban fuera de la ley”, destaca.
Casolati, por su parte, asegura que fiscales como Scapolán “negocian con policías armando una red pornográfica”, en las que abren causas contra inocentes para “proteger a los verdaderos narcos”, y resume: “El poder judicial en la provincia de Buenos Aires está prostituido porque negocia con todos los poderes. Los jueces de garantías, que son los garantes, legitiman todo y la mayoría de los casos no llegan a juicio porque los abogados terminan arreglando un abreviado”.