El que fuera letrado del Grupo parlamentario Vox en la Cámara andaluza, Francisco Javier Martínez, que dejó su cargo el pasado mes de marzo, tras un enfrentamiento con la dirección nacional que
ha derivado en una demanda por despido improcedente, se ha unido al nuevo partido «TÚpatria». En Andalucía, Vox se enfrenta a una crisis como consecuencia de las diligencias previas abiertas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el que era su líder, el juez Francisco Serrano por un supuesto delito de malversación de una subvención de 2,5 millones de euros. Serrano abandonó el partido, pero no dejó su acta de parlamentario. Esta formación política se presentó en Madrid el pasado mes de julio y ha sido impulsado por excargos de Vox, críticos con la formación que lidera Santiago Abascal. Entre los exdirigentes que se han unido a este proyecto se encuentran los expresidentes de Vox en Jaén, Almería y Teruel, así como el responsable de seguridad nacional y la exsecretaria provincial en Alicante, Carmen Gomis. En el acto de presentación en la capital también estuvieron presentes la concejala en Galapagar, Cristina Gómez, pendiente de resolver un expediente de expulsión de Vox; y el concejal en Guadalajara, Antonio de Miguel, entre otros. Hasta la fecha, esta formación cuenta con unos 190 afiliados, según aseguran sus impulsores, y presencia en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, así como en varias provincias de Andalucía, como Sevilla, Jaén o Córdoba. En la Comunidad donde han despertado mayor interés ha sido en la de Madrid, y para septiembre ya está previsto organizar una reunión con afiliados. «Ilegalidades» En el caso de Francisco Javier Martínez, fue fichado directamente por el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en febrero de 2019. Tras un enfrentamiento en el seno del grupo parlamentario al considerar que su «trabajo queda ninguneado» y, además, ser cambiado de puesto a «asesor de turismo», presenta una demanda «por la variación de las condiciones de trabajo y, a partir de ahí, se desencadena un torrente de ilegalidades contra mí», asegura a ABC. «Unilateralmente, me dan de baja en la Seguridad Social. Es un delito contra los trabajadores». Demanda pendiente de resolver.
FUENTE DIARIO ABC: