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Expertos en derecho y representantes de colegios de magistrados se pronunciaron en el Senado a favor de una reforma judicial que mejore el funcionamiento de este poder del Estado, aunque marcaron algunas objeciones respecto de la oportunidad de hacerlo en medio de la pandemia de coronavirus.
Senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales escucharon una nueva ronda de exposiciones en el marco del debate sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo.
Por su parte, el titular del gremio de trabajadores judiciales, Julio Piumato, expresó su “desagrado” por no haber sido partícipes de la discusión previa al envío del proyecto, declaró que esperaba que el presidente Alberto Fernández los consultara “como había prometido” antes de enviarla al Congreso y calificó la presentación de la iniciativa como “inoportuna” en medio de pandemia.
No obstante, expresó: “Lo importante es que de una vez por todas encaramos una reforma integral apuntando a la justicia; no la que quieren algunos dirigentes sino la que está necesitando el conjunto del pueblo argentino y que cumpla con eficacia su rol”.
En este marco, el dirigente sindical dijo que “hay una situación de colapso” en los tribunales y que “la Justicia es la última esperanza del ciudadano común”.
“Desgraciadamente, desde la vuelta a la democracia, la Justicia se ha ido deteriorando”, subrayó Piumato, y precisó que esta reforma debería tener en cuenta no sólo el perfil de los jueces sino su “independencia”.
En tanto, la exjueza María Laura Garrigós de Rébori se pronunció a favor de la propuesta de reforma del Poder Ejecutivo, que incluye la unificación de los fueros federales, al señalar que “nacieron juntos” y advirtió que “se puede mejorar la credibilidad” que perdió el Poder Judicial “si se mejoran los tiempos judiciales”.
La abogada explicó que, en ocasiones, por “exceso de trabajo”, los jueces “se ven obligados a seleccionar” qué causas atienden y esto “vulnera la credibilidad” y puso como ejemplo al juez fallecido Claudio Bonadio, que tenía a su cargo 1.800 expedientes.
Carlos Rolero Santuain, presidente del colegio de magistrados, sostuvo que “llama la atención que no se haya consultado lo dicho por el máximo tribunal (en alusión a la Corte Suprema) que en seis oportunidades señaló la viabilidad de la transferencia” de juzgados a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
“Resulta extraño que se pretenda tachar de inconstitucional una transferencia que la propia Corte señaló como viable y constitucional”, añadió, y aclaró que la transferencia de competencias ”no es viable si no es acompañada con los recursos correspondientes”.
Finalmente, José Luis Lasalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se expresó a favor de la necesidad de una reforma integral y negó que la propuesta “sea inoportuna”.
Sin embargo, el dirigente pidió “no confundir “oportunidad con celeridad” y no impulsar “un trámite exprés” sino “un amplio debate con amplia participación”.
Además, consideró que estos cambios “deben ir de la mano de una reforma del Consejo de la Magistratura”.