A través del Decreto 473/2020, el Gobierno dejó bajo la órbita de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), cuyo interventor es Aníbal Fernández, la usina térmica ubicada al lado de la mina
de carbón santacruceña. El contrato de construcción de esa central había sido rescindido por la gestión de Mauricio Macri, ya que se encuentra investigada en la justicia federal porque -según la SIGEN- se habrían pagado sobreprecios del 90%. Ahora, el interventor Fernández prepara el pliego para licitar la obra que había inaugurado Cristina Kirchner en 2015. Estima que demandará medio año concluir la obra licitada por primera vez en 2007.
El Decreto presidencial dejó la obra pública de la Central Térmica Río Turbio bajo la órbita de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. Fue la instancia previa para que YCRT prepare un nuevo pliego licitatorio para concluir una obra rodeada de denuncias judiciales, y que de hecho, en plena campaña electoral de 2015, había inaugurado Cristina Kirchner.
Fue el propio interventor, Aníbal Fernández, quien requirió incorporar bajo su dependencia la obra de la Central Térmica Río Turbio. La construcción nunca se terminó, ya que además de los vaivenes administrativos y las causas por corrupción y sobreprecios, la empresa a cargo de la obra, Isolux Corsán, quedó envuelta en la investigación de los Cuadernos de las Coimas. El gobierno de Macri siempre sostuvo que el costo de terminar la obra no justificada la generación de energía que podía aportar al sistema, además que se trataba de una licitación sospechada de corrupción.
Cuando Aníbal Fernández asumió como interventor de YCRT -un yacimiento que según la justicia federal, fue utilizado para el desvío de fondos por 176 millones de pesos durante el kirchnerismo-, aseguró que la Usina Térmica iba a concluirse y ponerse en marcha.
Consultado por Clarín, el interventor sostuvo que se está terminando el pliego para un nuevo llamado a licitación, “donde no buscamos consultores externos y convocamos a los mejores técnicos”. Entonces reiteró que su gestión frente a YCRT será la responsable de “terminar la obra”.
Asimismo, señaló que su costo aún no está estimado “pero se trabaja para que sea la mejor oferta”. Fernández cree que la licitación será dentro de los próximos meses y que la conclusión de la obra demandará al menos medio año. Originalmente, la obra había sido adjudicada a la firma española Isolux por el kirchnerismo en 2007.
Según e plan oficial, primero se licitará la primera de las dos calderas de la Usina, que deberá generar 120 MW, y por otro lado el carbón que requerirá para su funcionamiento deberá ser garantizado por el yacimiento minero, que fue objeto de diversas investigaciones judiciales por su elevado costo y bajo rendimiento.
La construcción de esta usina de carbón y térmica está bajo investigación judicial. Se encuentra sospechada de sobreprecios del 90%. Hasta ahora ya se desembolsaron 1.600 millones de dólares, y faltan otros 240 millones para terminarla.
Si se concluye, Rio Turbio aportará 200 mega watts al Sistema Interconectado Nacional, y cada una de esas unidades de medida terminará costando más de 900 dólares. Es 12 veces más de lo que cuesta un “mega” de generación térmica, que no llega ni a 70 dólares.
El país tiene 25.000 MwH de demanda energética. Durante las gestiones anteriores del kirchnerismo hubo proyectos de ampliación de esa capacidad, que quedaron inconclusos. Cristina Kirchner licitó la Usina Termoeléctrica de Río Turbio, una obra diseñada para dos calderas. En 2015, en plena campaña electoral, inauguró sólo una de ellas, que a las 48 horas dejó de funcionar.
Isolux Corsán -a cargo de la construcción- admitió tiempo después que esa inauguración “no correspondía y que terminó dañando el sistema” de la planta.
La administración de Macri recibió la obra con un avance de más del 80%. Calculó que faltaban 240 millones de dólares para terminarla y que “no era redituable”.
Entre lo ya gastado y lo que debería ponerse para terminarla, Río Turbio demandaría casi 1.900 millones de dólares. La obra generaría, según el proyecto, unos 240 MwH, pero 40 de ellos los utiliza la propia usina para su funcionamiento.
Causa judicial
El juez federal Luis Rodríguez investigó irregularidades en la construcción de la usina. Entre ellas, el manejo de 26.000 millones de pesos que debían destinarse a la puesta en valor de YCRT. Ese caso llevó a la cárcel a Julio De Vido, acusado de malversar 176 millones de pesos. Hoy cumple prisión domiciliaria.
Según la SIGEN, la obra que el kirchnerismo busca reflotar modificó once veces su costo inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 dólares, cuando había sido adjudicada por 857.341.128 dólares: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original.
El valor del sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. El actual interventor que no desconoce el proceso judicial, señaló que el mismo “debe ir por el carril que corresponde”, pero que la obra debe concluirse: “No vamos a privar a una provincia de generar energía, la obra se va a terminar”, dijo en su momento a Clarín.
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