Nuevo capítulo de la batalla judicial que libran los propietarios del Noviciado de las Damas Apostólicas contra el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) por el proceso de demolición del inmueble.
La sociedad promotora, Global Alchiba, denunciará a la corporación de arquitectos por daños y perjuicios. En este sentido, ya ha presentado una solicitud de diligencias previas, a las que ha tenido acceso ABC, en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid para que la Junta de Gobierno del COAM entregue «todas las comunicaciones que hubo en relación con el Noviciado de las Damas Apostólicas y que han sido ocultadas». Creen que, tras visar y autorizar el proyecto de demolición el 6 de abril de 2017, el COAM «cambió súbitamente de criterio sin informar a los arquitectos autores del proyecto ni a la promotora» y, al mismo tiempo, «solicitó la protección del Noviciado como Bien de Interés Patrimonial (BIP) y, posteriormente, elaboró un informe que sirvió de sustento a la ratificación de protección, en manifiesta contradicción con el visado». Los propietarios adquirieron la finca, situada en el número 198 del paseo de la Habana, en mayo de 2017 con el objetivo de crear una residencia para casi un millar de estudiantes, cuando no tenía ningún tipo de protección por parte de Patrimonio Histórico. Desde entonces, estiman que han invertido cuarenta millones de euros en el inmueble, que posteriormente fue protegido y se amplió la catalogación de BIP a los jardines este y norte, algo para ellos «contrario a derecho» y que han recurrido ante el Tribunal Supremo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. «La ocultación de información por parte del COAM está en el origen de las actuaciones de carácter burocrático y judicial que han impedido que, después de más de tres años, la finca haya sido utilizada para los fines para los que fue comprada», subrayan los dueños en las diligencias, el paso previo a que se inicie el juicio. Aseguran que si hubieran sabido que el derribo no era posible y que el edificio sería declarado BIP, «lo hubieran integrado desde el principio en su proyecto de residencia de estudiantes o se hubiera desistido de su realización y, en consecuencia, no se hubiera efectuado la compra o no se hubiera iniciado la demolición». Los hechos se remontan a 2011, cuando los anteriores propietarios de la finca facilitaron a los actuales la información de que los inmuebles no estaban sometidos a ninguna protección e, incluso, tenían licencia de demolición total. Global Alchiba firmó la opción de compra y consiguió el visado del proyecto de demolición por parte del COAM en abril del 2017. Un mes más tarde, en la escritura quedó establecido que «el uso del inmueble era dotacional privado, sin constar limitación alguna respecto a la protección del mismo». Fue entonces cuando procedieron a registrar la obra en el Ayuntamiento y a presentar un plan de trabajo en la Comunidad para retirar amianto que había en la finca. Tras obtener el visto bueno, el 21 de junio del mismo año, comenzó la demolición. Solo un día después, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad la paralizó, tras tener constancia del escrito del COAM pidiendo el amparo y la protección. El TSJM blindó la totalidad del recinto, finalmente, a principios de 2020.
FUENTE DIARIO ABC: