En una carrera contra el reloj, Cristóbal López intenta que la Justicia no decrete la quiebra de Oil

acuerdo con el fisco, su principal acreedor, mientra espera que la Ley de Moratoria avance en el Congreso. En tanto la AFIP presentó un escrito reclamando un nueva deuda generada desde 2018 cuando se decretó la quiebra, por $ 20 millones más. La Justicia ya tiene U$S 100 millones para distribuir con los acreedores, mientras la petrolera aspira a llegar a un acuerdo con todos ellos para suspender el proceso judicial.

El 17 de julio, la magistrada determinó que se debía continuar con “el trámite de la distribución” de los activos a favor de los acreedores avanzando con la quiebra. La medida se adoptó después de haber suspendido dicha instancia por unos meses a pedido de la defensa de Cristóbal López.

Tal requerimiento se formuló por dos motivos: la empresa buscaba llegar a un acuerdo con su principal acreedor, la AFIP ya que en el caso de concursados y quebrados que están procesados penalmente el fisco sólo puede ofrecer 12 cuotas. En la época del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaba directamente vedada toda posibilidad de acceder a planes en esas circunstancias.

Mientras espera el avance de la nueva moratoria del Gobierno que le permitirá incluir allí la multimillonaria deuda generada con el fisco, la firma buscar levantar la quiebra con un proceso que se denomina “por avenimiento”, que en otras palabras significa que se logró un consenso de las partes sobre otra modalidad de pago para no llegar a la liquidación de la empresa. Fue la alternativa en la que insistió Oil y en la que basó su pedido para pedir que no se reactive el procedimiento donde se distribuirán U$S 100 millones.

La jueza fue contundente: “Resulta pertinente continuar con el trámite de la distribución (…) Sin que quepa seguir esperando ni al resultado del trámite de avenimiento, ni a la adhesión a una moratoria que hasta la fecha, no constituye más que un proyecto de ley (…) Máxime cuando en el caso no ha mediado suspensión de la distribución, y, las sumas se encuentran depositadas aguardando la aprobación del proyecto y el reparto, que beneficiará a todos los acreedores y que a nadie perjudicará, en tanto se han efectuado las reservas del caso, entre las que está la del organismo fiscal”.

En cambio, para la defensa de Oil no se debe avanzar con la quiebra. En el escrito al que accedió Clarín expresaron que existen razones de fuerza mayor suscitadas a raíz de un hecho imprevisible (y no imputable a OCSA) como resulta ser la pandemia de Covid-19. La pandemia impide la normal realización de actividades de toda índole, y que “han obstaculizado el regular desarrollo de las tareas necesarias para obtener las conformidades requeridas para el avenimiento de esta quiebra, amén de la vigencia de la Feria Fiscal que ha imposibilitado tramitar regularmente los planteos ante la AFIP”.

La oposición en el Congreso se opuso a la inclusión de Oil en la nueva moratoria y presentó una nota que detalla la deuda de Oil, señalando que la firma “ha manifestando su voluntad de acogerse a un plan de facilidades de pago para cancelar la totalidad de sus deudas tributarias verificadas en el concurso (6.739.449.633 pesos), en la quiebra (1.507.702.128 pesos) y pendientes de resolución (3.548.496.183 pesos)”. En el fuero federal, donde se juzga por defraudación a los dueños del Grupo Indalo, la anterior gestión había reclamado una deuda de $ 10.000 millones. 

Ahora, la petrolera sumó otro problema: la quiebra se dictó con continuidad en 2018 y esto generó nuevas deudas por “el incumplimiento de obligaciones impositivas a su cargo motivadas en la continuidad de la explotación”, señaló la AFIP que además exige el pago de $ 20 millones más.