Solo el 9,3% de los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) tuvo empleo registrado en el último año. Un informe de ANSES muestra que la inserción laboral en relación de
dependencia de los titulares del bono de $ 10.000 en el período que va de febrero de 2019 a enero de 2020 fue posible únicamente para 826.195 personas, lo que revela el alto grado de informalidad que golpea a los sectores más vulnerables de la población.
Las personas que accedieron a un trabajo registrado al menos un mes en ese período percibieron, en promedio, una remuneración de $ 13.046 durante cuatro meses.
Los últimos datos oficiales permiten ver que en el país hay 7,5 millones de personas que tienen una situación laboral precaria, ya sea porque trabajan en negro o porque son cuentapropistas. A esto se suman los 2 millones de que están desocupadas.
Según el informe de ANSES esta realidad se replica en el IFE. Entre los 9 millones de beneficiarios de este bono, el 62% son trabajadores informales o están desocupados. El IFE llega a uno de cada cinco argentinos, al 19,5% de la población total del país.
La situación laboral era crítica antes de la pandemia. Los datos del primer trimestre difundidos por el INDEC muestran una caída interanual de 152.000 empleos de asalariados formales (-1,5%), un aumento de 93.000 asalariados informales (1,3%) y 237.000 cuentapropistas (4,5%), en su mayoría informales, de pocas horas.
Además, durante la cuarentena por falta de ingresos casi 380.000 monotributistas y autónomos dejaron de aportar a la seguridad social.
Hacia adelante el panorama laboral se complicará aún más. Las estimaciones de las consultoras indican que el desempleo podría llegar al 13% para fin de año. Y una vez que la cuarentena termine los puestos de trabajo y las empresas y comercios perdidos serán difíciles de recuperar.
Desde el Gobierno impulsan un plan post pandemia para crear 300.000 puestos de trabajo vinculados con las organizaciones comunitarias. Serán para los sectores informales y apuntan a construcción, textiles, producción de alimentos, cuidado de personas y reciclado. El plan buscará transformar en empleo genuino los aportes que están incluidos en el programa Argentina Trabaja y que benefician a 580.000 personas.
En este esquema el Estado paga $ 8.500 -la mitad de un salario mínimo- por una contraprestación de cuatro horas diarias en alguna organización comunitaria, como comedores o merenderos. El plan es capacitar al menos a la mitad de estas personas para que se inserten laboralmente en alguno de los cinco sectores mencionados a través de un convenio con empresas o municipios, en el que los empleadores cubrirían los $ 8.500 restantes para llegar a completar el monto total del salario mínimo por jornadas de 8 horas.
AQ
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