Un grupo de encapuchados quemó 18 camiones en una conflictiva zona de Chile

una oleada de atentados de desconocidos que demandan la liberación del líder religioso mapuche Celestino Córdova.

Córdova lleva 95 días en huelga de hambre para presionar que lo liberen de prisión y poder cumplir en su comunidad una condena a 18 años de cárcel por el asesinato en un incendio de un matrimonio de ancianos en 2013. La pareja murió calcinada en un incendio desatado por mapuches, según estableció el juicio contra él.

En la misma región, 700 kilómetros al sur de Santiago, ocho indígenas mapuches encarcelados en el sur y que se sumaron desde un inicio al ayuno de Córdova, dejaron de consumir líquidos en la víspera para obligar al gobierno a acceder a sus demandas, que incluyen que los dejen cumplir sus el encarcelamiento en sus comunidades, informó su abogada defensora, Isabel Figueroa.

“Están muy graves, ya no se levantan de sus camas desde hace un buen rato”, aseguró la abogada.

Las acciones violentas se arrastran por décadas en La Araucanía y se centran en atentados incendiarios contra maquinarias y propiedades de grandes empresas forestales que ocupan territorios que pertenecieron al pueblo originario de Chile, del que descienden los mapuches. La principal demanda es la devolución de tierras.

El atentado del jueves fue reclamado por el grupo mapuche Weichán Auka Mapu, dijo el prefecto de la policía civil Héctor Bravo. Los panfletos en el lugar aludían a la liberación de Córdova. La agrupación reivindica decenas de ataques para que les entreguen tierras.

Figueroa dijo que los mapuches en ayuno rechazaron una invitación del Ministerio de Justicia para que sus voceros participen en “diálogo multicultural” y que exigen una “mesa de alto nivel político” en la que se pueda negociar el fin de la huelga de hambre.

Los seguidores de Córdova también exigen que el gobierno los deje salir de la cárcel y cumplir sus condenas o prisiones preventivas en sus comunidades.

El ministro del Interior, Víctor Pérez, llamó a la sociedad civil a “rechazar la violencia” en La Araucanía. Agregó que los mapuches no fueron encarcelados por decisiones del gobierno, son decisiones de los tribunales de justicia… porque los crímenes que cometieron fueron violentos y eso nosotros no lo podemos modificar”.

“En esa zona del país tenemos problemas políticos que sin duda tenemos que abordar, pero la violencia no es el camino, añadió.

La violencia en La Araucanía llegó a niveles inéditos cuando el fin de semanadecenas de civiles desalojaron con palos y golpes a mapuches que ocupaban las sedes de las municipalidades de Curacautín y Victoria para demandar la liberación de Córdova sin que la policía que estaba presente interviniera. Los únicos detenidos fueron indígenas y no los civiles que actuaron durante un toque de queda que rige en todo el país tras la llegada de la pandemia en marzo.

Jan Jarab, representante para América del Sur de Naciones Unidas, llamó al gobierno a dialogar con los indígenas y a investigar los hechos de violencia cometidos por mapuches, “y con particular atención, los hechos violentos por civiles en contra de los comuneros mapuche, con una fuerte dimensión de discriminación racial y de odio”.

El 10% de los 19 millones de chilenos son mapuches y la mitad de ellos viven en comunidades rurales pobres, en el sur. Miles rechazan la política oficial de entrega de pequeñas porciones de tierra y algunos centenares desarrollan exigen por la fuerza la restitución de sus territorios ancestrales.

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PB

Fuente: AP