Hace un mes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó la excarcelación de Lázaro Báez, preso hace cuatro años y cuatro meses por lavado de dinero. El Tribunal Federal
Oral 4 (TOF 4) -responsable de juzgarlo- ordenó que, para dejar el Penal de Ezeiza, el ex socio comercial de Cristina Kirchner debe pagar 632,5 millones de pesos. Sin obtener aún el dinero -ya que su patrimonio de 205 millones de dólares se encuentra embargado-, este viernes tiene una audiencia donde sus abogados volverán a pedir la reducción de la fianza.
Lázaro Báez había ordenado que se prepare la casa que tiene en un barrio cerrado en Pilar, valuada en U$S 500.000 y escriturada a nombre de Badial SA, una de sus veinte firmas investigadas por lavado de dinero. Allí todo esta dispuesto, porque creyó que el trámite para salir de prisión sería mucho más ágil. Pero se topó con su realidad financiera y con los trámites propios de la justicia.
El 8 de julio, la Sala IV de la Cámara de Casación había ordenado al TOF 4, que juzga a Lázaro Báez por lavado de dinero, que lo excarcele bajo los criterios establecidos por el fiscal del juicio, Abel Córdoba, quien había recomendado una excarcelación bajo caución de 5 millones de dólares y la colocación de una tobillera.
Los jueces le fijaron una fianza de 632,5 millones de pesos para que deje la cárcel; ante el reclamo del contratista K para bajar ese monto, el fiscal lo recalculó y lo dejó en 386 millones de pesos. Además, pidió que hasta tanto se resuelva ese debate -porque la defensa sostiene que el empresario K no puede pagarlo- se le conceda a Báez el arresto domiciliario.
Sin embargo, el TOF 4, integrado por los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado, resolvió mantener la fianza original de 632,5 millones de pesos para que Lázaro Báez salga de la prisión.
¿Por qué no puede pagar? Si bien el dueño de Austral Construcciones cuenta con 1.412 propiedades valuadas en U$S 205 millones, todo su patrimonio se encuentra embargado en siete causas que se encuentran en Comodoro Py. Los embargos superan los 12.000 millones de pesos. Ningún bien cautelado puede aplicarse a una caución real. Tampoco encuentra ningún ex socio que pueda salir de garante de él y deposite el dinero exigido por la justicia.
En este punto surge otro debate. Si Báez llega a abonar dicha cifra, deberá explicar a la Justicia cómo la obtuvo, ya que todas sus cuentas bancarias y producidos financieros de sus empresas, están en manos de la Justicia, ya que cuentan todas las compañías con interventores.
La situación respecto a la libertad del ex socio comercial de la vicepresidenta es particular. El empresario contaba con tres estados diferentes respecto a su libertad, en las tres causas que lo mantuvieron detenido. En el expediente principal, La Ruta del Dinero K, cuenta desde diciembre de 2019 con un cese del arresto; sin embargo en el caso por la compra de un campo en Uruguay (El Entrevero), en marzo se le concedió el arresto domiciliario, pero seguía en la cárcel por un tercer expediente -la firma M&P-, donde tenía prisión preventiva.
Por ello, en la causa M&P -una empresa usada para lavar 200 millones de pesos-, se dictó la excarcelación bajo caución real, la suma fue motivo de queja por parte de la defensa, que sostuvo que era de “imposible cumplimiento” al tratarse de una suma “exorbitante”.
Para la fiscalía, que fue la que dijo que debía pagar 5 millones de dólares, el monto se fijó “tomando como base a las maniobras que consistieron en el movimiento de fondos -varias veces millonarios en dólares- en el exterior durante el juicio”. Esos movimientos, a través de una firma offshore, fueron autorizados por Martín Báez, preso por violar las medida cautelares. Se sumó además, unas operaciones de Austral Agro -propiedad de Báez-, por casi 5 millones de dólares de manera ilegal. Todo ocurrió en 2019.
Al analizar la situación, el TOF 4 decidió mantener el monto de caución real oportunamente fijado de 632.500.000 pesos, “el que ha sido determinado conforme la equivalencia peticionada oportunamente por la Fiscalía General, en el marco de la prudencia que exige la apreciación de una caución real de estas características”.
Entonces, vino una nueva apelación de los abogados del empresario K, y la palabra final la tendrá la Cámara de Casación una vez más. Sus jueces citaron a la defensa de Báez a una audiencia para este viernes, para que explique el pedido de reducción de la fianza o en su defecto que se le conceda la prisión domiciliaria. Transcurrido el encuentro, el Máximo Tribunal Penal tendrá cinco días para tomar una decisión.
Respecto al arresto domiciliario, los jueces indicaron que como se dictó en medio de la emergencia sanitaria del Covid, debía analizarse nuevamente, y ordenaron a realizar una serie de estudios médicos sobre el empresario K y otros socio ambientales, respecto a la vivienda que consignó como lugar para cumplir con dicha morigeración.
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