El juez Juan Pablo Augé procesó -sin prisión preventiva- a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el titular y la número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno
de Mauricio Macri, por el espionaje ilegal al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner. Por Alejandro Alfie
También les trabó embargos por $2 millones a cada uno, así como procesó al ex jefe de Contrainteligencia de la AFI, Martín Coste, y embargó sus bienes por $700.000, tal como había solicitado el fiscal Santiago Eyherabide.
Además les prohibió a los tres procesados salir del país; mientras que ya estaba previamente procesado el ex jefe de Operaciones Especiales de Contrainteligencia, Alan Ruiz, que era quien coordinaba los operativos.
En el procesamiento de 172 páginas, al que tuvo acceso Clarín, el juez Augé sostuvo que “a pedido de” Arribas y Majdalani, en el año 2018, “Ruiz dio las órdenes verbales y directas” de proceder a hacer tareas de “espionaje ilegal sobre la sede de reunión política y sobre el domicilio particular de Cristina Fernández de Kirchner, de manera tal que se instaló personal de la AFI del área de vigilancia y seguimiento dentro de vehículos automotores, con la finalidad de observar los domicilios indicados a fin de detectar y registrar los movimientos que se realizaban en ellos”.
El juez Augé planteó que esas “actividades de inteligencia prohibidas por la Ley 25.520 que fueron ordenadas por las más altas esferas jerárquicas de la Agencia Federal de Inteligencia”, tenían un “especial interés en la observación de movimientos que pudieran evidenciar el ingreso o salida de personas, y dinero, cajas o bolsas”.
“En esos términos y en razón de su clara irregularidad, varios de los agentes destinados a desarrollar los espionajes, comenzaron a quejarse e insistían en que no tenían permitido realizar observaciones, vigilancias y/o seguimientos a políticos, menos aún a una ex presidenta de la Nación, ya que esto era una regla establecida y conocida por todas las personas que trabajan para la AFI”, aseguró el juez Augé, en el procesamiento de Arribas, Majdalani y Coste.
“Esa obviedad de la irregularidad se confirma en tanto, ante la resistencia a llevar adelante las observaciones desde distintos estratos jerárquicos, Alan Ruiz les respondió que había que hacerlas igual, pues, era una orden directa de “la 8”, en referencia a Silvia Majdalani, y que existía “la necesaria cobertura legal” para realizar dicha actividad”, dijo el juez.
Y agregó: “Pero ninguna causa, ninguna fuente de información fidedigna, ninguna orden de trabajo fue dada con esa respuesta. Y por supuesto, como se ha detallado (…), de ningún modo las acciones desplegadas se correspondían con un objetivo de prevención o investigaciones de posibles amenazas o riesgos de atentados contra Cristina Fernández”.
Además de las acciones de espionaje ilegal, se produjeron documentos falsos, con el objetivo de darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas, sostuvo el juez Augé.
La causa por la que procesó ahora a Arribas, Majdalani y Coste se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante el juez Federico Villena, en Lomas de Zamora. Pero luego se derivó al juez Augé, porque justamente había sido Villena quien había autorizado tareas a la AFI sobre el Instituto Patria.
El fiscal Eyherabide planteó que el espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Kirchner “no fueron un hecho aislado. Por el contrario, comprenden un universo mucho más grande de casos que se investigan en la causa conexa y de la cual se desprende que, desde la Dirección de Contrainteligencia de la AFI, los allí imputados recolectaban información sobre personajes públicos y la acumulaban en sendos informes que luego eran elevados a distintas instancias del Poder Ejecutivo Nacional”.
Los abogados de Arribas y Majdalani consideran que estos hechos ya fueron juzgados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el año 2018, quien resolvió sus sobreseimientos por inexistencia de delito. Por eso pidieron que la causa se tramite en Comodoro Py, ya que los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Pero el juez Augé rechazó esos pedidos, siguió adelante con la causa y resolvió procesarlos, sin prisión preventiva.
Clarín