La comunidad se sitúa en el Departamento de Presidente Hayes, a 55 kilómetros de la ruta Coronel Franco que une las ciudades de Pozo Colorado y Concepción.
El
La organización Tierra Viva, que acompañó la iniciativa, explicó que el pueblo está aislado por la falta de caminos y no tienen mecanismos para acceder al líquido vital.
“El único riacho cercano se ha secado, por lo que no tienen posibilidad ni siquiera de consumir agua no tratada”, señalaron en un comunicado.
Según el documento, las instituciones públicas como el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Ministerio de Salud Pública no han asistido adecuadamente a la comunidad.
Consideran que esta condición supone un riesgo para la vida, la salud y violenta varios derechos fundamentales de las familias indígenas, además de violar disposiciones establecidas en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales.
El amparo pide a la Justicia que se ordene a las instituciones responsables “a que presten la asistencia integral, proveyendo de agua de calidad y en cantidad adecuada, la instalación de tanques y otras infraestructuras de excelente calidad y en cantidad adecuada.
El documento fue entregado en la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial.