Su tratamiento fue postergado para esta semana y se intentó volver a extender su tratamiento para la próxima semana.
Sin embargo, una amplia mayoría de legisladores votó por
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La legisladora Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), manifestó que esta media sanción es una iniciativa “contra el conflicto de intereses” y sostuvo que el proyecto que tiene origen en el Senado no llena la expectativa. Según su criterio, requiere de una modificación profunda.
La iniciativa establece la obligación de los altos funcionarios del Estado de presentar declaración jurada de intereses para conocer los intereses privados de los empleados públicos que pueden interferir en los intereses públicos.
El procedimiento de revisión de conflictos de intereses tendrá por objeto determinar si los intereses declarados por el funcionario público son compatibles con el ejercicio de sus funciones establecidas por ley.
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Su proponente, el senador Derlis Osorio, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), había manifestado incluso que servirá para detectar e investigar ciertos delitos asociados a la corrupción pública, citando el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito del funcionario.
El proyecto se iba a tratar la semana pasada, pero se postergó para este miércoles, y en dicha ocasión el presidente de la Comisión de Legislación, el diputado Jorge Ávalos Mariño, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anunció que será presentado un texto alternativo.
El objetivo de la iniciativa es reforzar la transparencia en la gestión pública al detallar cuál es el sector económico del que proviene la autoridad, que tiene diferencia con la declaración de bienes.
