El caso había tomado estado público tras la difusión de un video en las redes sociales, que causó la indignación ciudadana. Por ello, 11 personas fueron imputadas por
La magistrada Lici Sánchez resolvió este martes admitir el pedido de criterio de oportunidad solicitado por la fiscala Stella Marys Cano, lo cual se recomienda para no saturar de estas causas al Poder Judicial, ya que existen cerca de 3.000 casos por violación de cuarentena.
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El matrimonio imputado depositó en una cuenta abierta a nombre del Ministerio de Salud la suma de G. 10 millones como reparación del daño en cuestión.
Los demás nueve coprocesados, que son los invitados y la oficial del Registro Civil de la boda, depositaron G. 2 millones cada uno, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Un total de G. 28 millones fueron destinados como donación para el mantenimiento de los albergues de los connacionales.
La falta de investigación del caso había desatado una ola de críticas contra el Ministerio Público en su momento, debido a que se comparó con otra que se realizó en Luque, donde los agentes policiales llegaron hasta la casa donde se realizaba el casamiento y aprehendieron a todos los asistentes.
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Luego de nueve días y tras una fuerte presión social, finalmente se imputó el pasado 4 de mayo a las 11 personas que participaron en dicha celebración, violando las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para luchar contra el coronavirus (Covid-19).
En aquella ocasión se formuló la imputación contra Gabriel Esculies y Heidy Soledad Martínez, la pareja que se casó durante la cuarentena y cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales.
Coprocesados
Los invitados de la boda fueron Luis Carlos Esculies Levi, Karina Esculies Arditi, Ana Lorenz Martínez Gamón, María Cazaña Portella, Martín Blumenfeld, Enrique Francisco Benza Chevra, Cavi María Esculies y Francisco Javier Martínez Gamón.
La oficial de Registro imputada en el mismo caso y que también fue beneficiada con la decisión de la jueza es Norma Romero de Bogarín.