La noche más larga de Guzmán: negociaciones contrarreloj y las llamadas que destrabaron el canje

la negociación: BlackRock y Monarch.

Al otro lado de la pantalla estaban Jennifer O’Neill, la negociadora que puso BlackRock tras el apartamiento del mexicano Gerardo Rodríguez meses atrás, e Ian Glastein, de Monarch. Ambos fueron los últimos de un largo derrotero que inició Guzmán anoche con representantes de más de 30 fondos, con los bancos asesores y con los abogados de la Argentina del estudio Cleary Gottlieb.

Desde el Ministerio de Economía, además de Guzmán, estaban el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional, Sergio Chodos, y parte del equipo económico que trabajó desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández en la reestructuración de la deuda.

Mirá también

Mirá también

Deuda: un asesor de los bonistas dice que el canje podría alcanzar una adhesión “superior al 90%”

Cerca de las 2 (hora de Buenos Aires), todos empezaron a mirar el reloj con mayor frecuencia: la cuenta regresiva empezaba. De no llegar a un acuerdo pronto sobre las diferencias que aún existían (a esa altura eran mínimas), los negociadores iban a dejar de lado las discusiones, con el riesgo que implicaba dilatar la difusión del acuerdo.

El “deadline” era anunciarlo no mucho más allá de las 3, es decir, las 7 de Londres. Con una buena parte de los inversores en Europa era necesario dar a conocerlo antes de que abriera esa importante plaza financiera.

El comunicado de prensa estaba prácticamente listo, pero hasta no tener todas las voluntades del mismo lado, no se lo iba a mandar. “El diablo está en los detalles”, relató a Clarín una fuente que tuvo participación directa en las negociaciones.

Mirá también

Mirá también

Canje: el Gobierno tuvo que ceder en el tramo final pero alcanzó un buen acuerdo

¿Cuáles eran las diferencias que ponían nerviosas a las partes? Se reducían a la interpretación sobre a qué títulos que se ofrecen en la operación podía acceder cada acreedor, según el bono de entrada. El punto es que se permiten movimientos de moneda (de euros y francos suizos a dólares) y también de plazos, de instrumentos más largos a otros más cortos. Pero la asignación no era tan clara.

“Había intercambios en todos los sentidos: con los funcionarios, con los abogados, entre bonistas”, resumió otra fuente. “El último, con Martín (Guzmán), se dio cuando ya habíamos zanjado el tema. Eran casi las 3 de la mañana. Primó la idea de Argentina y se logró planchar el malentendido”, agregó.

Las discusiones que se dieron fueron en buenos términos, “muy civilizadas”, pero corrían las horas y “los ánimos estaban caldeados e incluso era difícil hasta ponerse de acuerdo entre los grupos de acreedores”, relató.

Mirá también

Mirá también

El canje en su hora decisiva: ¿Los jubilados y los niños y niñas pobres, estarán mejor o peor si la Argentina va al default?

Finalmente el “ok” de O’Neill (BlackRock) y de Glastein (Monarch) llegó, y el comunicado se difundió a las 3:01 en la red social Twitter desde la cuenta del Ministerio de Economía.

Los bonistas calculan que si el Gobierno tenía al viernes un 35% de aceptación, sin la participación de los tres grupos principales, ahora llegará, al menos, al 80%, o más, como dicen en el fondo Mens Sana.

“La Argentina va a ser uno de los países donde mejor se van a aplicar las cláusulas de acción colectiva (CAC); se va a convertir en ejemplo”, arriesgó la fuente.

De acuerdo a estas normas internacionales, si determinado porcentaje de bonistas acepta el canje propuesto, los demás son arrastrados por las mayorías y son forzados a adherir. Es por eso que se las conoce como “cláusulas anti-buitres”: buscan minimizar la posibilidad de que queden acreedores sin ingresar y vayan por la vía judicial a demandar al país.

De esta manera, los bonistas y el Gobierno sortearon el que podía convertirse en el noveno default de la historia argentina. Y ahora, con la cuestión de la deuda externa con privados encaminada, siguen las otras dos aristas de la negociación. Una es la del canje bajo legislación local, cuya ley tendría hoy aprobación en Diputados. La otra es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar el pago por unos US$ 49.000 millones del préstamo recibido entre 2018 y 2019.