“Acaba el presidente de autorizar y pedirme que trabaje en esto con el Ministerio de Hacienda. Entonces, vamos a hacer 28.000 transferencias a los 22 distritos de Alto
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Aclaró que este monto no forma parte del programa social Pytyvõ 2.0 y que es una sola transferencia rápida que tiene condiciones de hacer la SEN.
Anunció que viajará este martes al Departamento de Alto Paraná con el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y con Mauricio Espínola, secretario adjunto de la Presidencia, a fin de coordinar con el gobernador Roberto González Vaesken los mecanismos legales para la transferencia monetaria lo antes posible.
Explicó que los intendentes de cada municipio se reunirán con el gobernador de Alto Paraná y este será quien le informe nuevamente a la SEN la lista de las personas beneficiarias, quienes cobrarán directamente con sus cédulas de identidad, a través del Banco Nacional de Fomento (BNF).
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“Son los intendentes quienes van a ir seleccionando a las personas más vulnerables, quienes van a recibir esta transferencia en los 22 distritos”, expresó.
Consultado en cuánto tiempo se realizará esta transferencia, dijo que espera que sea lo más rápido posible y no llegar a los próximos ocho días.
“Estimamos que van a ser USD 2 millones, entiendo que al cambio estarían en 28.000 transferencias que vamos a hacer a los beneficiarios que sean seleccionados por los señores intendentes; el presidente me pidió celeridad en este caso”, acotó.
Pytyvõ 2.0
El ministro de Hacienda, Benigno López, estimó que para el 20 de agosto se tendría el desembolso total del Pytyvõ 2.0 para todas las ciudades de frontera como Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Encarnación, Alberdi y Ciudad del Este, esta última será la excepción y cobrará el beneficio el próximo lunes 10 de agosto.
La iniciativa básicamente es una extensión del programa de subsidios Pytyvõ a trabajadores informales, creado por la Ley de Emergencia por el Covid-19.
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Esta normativa contempla como beneficiarios a cuentapropistas y a los trabajadores dependientes de las Mipymes, quienes no deben cotizar a la seguridad social, cobrar salarios públicos ni ser aportantes del IRP, entre otros.
También alcanza a aquellas personas que eran aportantes del Instituto de Previsión Social (IPS), pero fueron despedidas durante la pandemia del nuevo coronavirus (Covid-19).
Se pueden otorgar hasta cuatro pagos de G. 500.000 y se financiarán con el remanente de la deuda de USD 1.600 millones contraídos por medio de la Ley de Emergencia.