San Fernando: una mujer denunció a un pai umbanda por violación y amenazas

ese día fui a la Comisaría de la Mujer de Martínez y presenté la denuncia”, cuenta. Habla de Héctor P., a quien denunció por haberla violado y a quien nuevamente señaló en una comisaría por amenazarla. “Es un pai umbanda, muy conocido acá en Virreyes -en el partido bonaerense de San Fernando, en donde vive-, pero la Justicia no está haciendo nada”, sostiene.

Agustina tiene 29 años y un hijo de 12. “A fines de 2016 mi familia se acercó bastante a este pai. Ha llegado a venir a comer a nuestra casa, a la que también vino a hacer una especie de limpieza espiritual. En 2017, en un momento en el que yo estaba muy mal con cosas personales y de la facultad, le conté y me sugirió que fuera a la casa a que me tirara las cartas. Fui, me drogó con algo que me entumeció el cuerpo que sospecho que fue burundanga, y me violó. Ese mismo día me amenazó con un arma en la cabeza: me dijo que si decía algo me iba a matar o iba a matar a mi hijo”, le cuenta la joven a Clarín.

“Durante todos estos años, cada vez que me veía en la calle -según Agustina, sus casas están a cuatro cuadras de distancia– se levantaba la remera para que viera que llevaba un arma. Me dejaba velas y gallos en la puerta de mi casa, si pasaba con la moto me tiraba piedras, y me escupía. Este año, un día me escupió y decidí escupirlo yo. Ese fue el día que, muy prepotente, se metió en mi casa, y ahí lo denuncié”, suma Agustina.

Tras esa denuncia se abrió una causa judicial radicada en el Juzgado de Garantías N°4 a cargo del juez Esteban Rossignoli y en la fiscalía de género de San Fernando a cargo de Bibiana Santella. Fuentes de la investigación confirmaron a Clarín que Héctor P. está imputado por abuso sexual con acceso carnal y por amenazas.

Según esas mismas fuentes, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del imputado en el que no se encontraron ni armas de fuego ni elementos que lo relacionaran con prácticas umbandas. “Hubo un allanamiento pero fue el 16 de junio, tuvo tiempo para esconder todo lo que quisiera”, reflexiona la denunciante. Las fuentes judiciales explicaron que está previsto que se lleven a cabo pericias psicológicas de Agustina y de Héctor P., pero que ahora mismo no está en funcionamiento el área de asistencia pericial del Poder Judicial de la Provincia, dado el aislamiento social preventivo y obligatorio.

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“La fiscal me dijo que todo iba a ser más lento por la cuarentena. Pero desde que me llamó para decirme que era la fiscal, tres días después de que hice la denuncia, no volvió a llamarme. No responde los mails que le mandamos con mi abogado”, sostiene la denunciante. “El 5 de mayo hice otra denuncia porque seguían las amenazas: el auto de mi papá, que está parado hace un año en la puerta y lleno de tierra, apareció con el parabrisas escrito. ‘Agustina te observamos‘, decía. Pedí la perimetral que se vence el 5 de agosto”, explica. Según cuenta, es una perimetral mutua: ni el imputado se puede estar a menos de 300 metros de ella o de su hijo, ni ella puede acercarse.

“Yo publiqué una foto en Facebook, contando lo sucedido, y se destapó una olla. La ex mujer de él me contactó para decirme que ella sabía lo que ocurría pero que no podía decir nada porque él la amenazaba. Se ofreció a ser testigo pero no la contactaron. Una chica contó que fue abusada cuando tenía 13 años. Otra lo denunció y a los tres días la molieron a palos junto a su familia y le exigieron que retirara la denuncia”, asegura Agustina.

Fuentes de la investigación dijeron a Clarín que, aparte de Agustina, una mujer de 33 años señaló a Héctor P. como la persona que había abusado de ella a sus 13 años, aunque luego no continuó con la denuncia. Esas mismas fuentes explicaron que no obtuvieron respuesta al intentar contactarse con los testigos señalados por la denunciante.

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“Está todo muy desorganizado y la fiscal no responde. Hace más de un mes que no responde y ya le pedimos la prisión preventiva”, enfatiza Agustina. Según cuenta, durante años Héctor P. la amenazó con usar a su hijo para un ritual umbanda.

En redes, su denuncia se identifica con el hashtag #AgustinaNoEstaSola y es acompañada especialmente por el colectivo feminista MuMaLá San Fernando. Las fuentes de la investigación sostuvieron que la causa está en trámite y que aún no se han obtenido elementos que prueben lo denunciado, aunque la propia Justicia no esté funcionando lo suficiente como para llevar a cabo entrevistas periciales.

PS