«Trabajo hay mucho, porque los propietarios a los que les okupan una vivienda no encuentran una respuesta rápida y eficaz en la ley», señala Jaime Sanz, gerente de la empresa Desokupación Legal,
que medió ayer en el desalojo de la vivienda de Paola Mancilla en el Tardón. La suya no es la única que opera en el país. El número ha crecido por la lentitud de la justicia, que suele tardar más de un año en resolver este tipo de casos. La manera de actuar de estas compañías es mediante la negociación. Con tono firme recuerdan a las personas que entran ilegalmente en una propiedad que están cometiendo un delito y que podrían enfrentarse a una multa cuantiosa e incluso a una pena de prisión si tienen antecedentes. También recurren a los servicios de un guarda de seguridad que dan de alta en el Ministerio del Interior. Su misión es establecer un control de entrada para evitar que los okupas regresen a la vivienda si salen. El dispositivo se mantiene durante días hasta que logran que la propiedad quede vacía y se la entregan a su dueño. Luis Ribera, abogado especialista en delitos de usurpación, explica a ABC que estas compañías «aprovechan los resquicios y lagunas legales, porque realmente no está claro que se pueda establecer un control de entrada en el bloque de un piso o en un patio comunitario». No obstante, reconoce su eficacia, pues «son cada vez más comunes los desahucios exprés que realizan y con lo que tarda un juicio por delitos de este tipo en celebrarse, es normal que se recurra a estos profesionales».
FUENTE DIARIO ABC:
