La violencia rebrota en una zona mapuche de Chile en medio de la pandemia de coronavirus

sur de Chile con una serie de ataques, tras décadas de un conflicto nunca resuelto.

Desde hace dos décadas, grupos radicales indígenas como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Resistencia Mapuche Lafkenche han reivindicado varios ataques a maquinaria forestal, entre otras acciones con las que intentan hacer “retroceder” a empresas forestales en territorios que el pueblo mapuche considera propios por derecho ancestral.

Aunque los ataques no son extraños en estas regiones del sur de Chile, la multiplicación en los últimos meses ha sido evidente. Ambos grupos indígenas se han adjudicado algunos de estos hechos de violencia.

El último, sin autor identificado, ocurrió el jueves por la tarde, cuando un tren de carga descarriló tras el ataque de un grupo armado en la región de la Araucanía.

Entre enero y julio se han registrado al menos 38 ataques de grupos extremistas a vehículos y maquinaria forestal en las regiones de la Araucanía y el Biobío, unos 600 km al sur de Santiago. Se trata de la cifra más alta de los últimos seis años, según la Asociación de Contratistas Forestales.

Además, se reportaron 70 detenciones en la zona, de acuerdo a la Subsecretaría del Interior y Seguridad.

Este viernes, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien acaba de asumir su cargo, llegó a la Araucanía en medio de protestas, para analizar con las autoridades locales el incremento de la violencia pese al toque de queda nocturno que rige desde hace casi cinco meses y la fuerte presencia militar y policial debido a las medidas adoptadas por el coronavirus.

“Son grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están decididos, muy decididos, a que no exista paz y tranquilidad y eso es lo que tenemos que combatir”, dijo Pérez, sobre los grupos que llevan a cabo los ataques que han causado daños millonarios, sin víctimas fatales.

También hay en la zona numerosas denuncias de “autoataques” incendiarios destinados a cobrar seguros y supuestos montajes por parte de la policía chilena.

La fuerza es investigada desde hace dos años tras acusaciones de plantar pruebas para inculpar a la cúpula de la CAM en una serie de ataques, en la llamada ‘Operación Hucarán’, y sospechas de borrar evidencia tras el asesinato en noviembre de 2018 del comunero mapuche Camilo Catrillanca, por un disparo policial.

A las demandas históricas de los mapuches por la restitución de tierras que hoy están en manos de empresas forestales, se suma la tensión por la extensa huelga de hambre que lleva adelante el “machi” o guía espiritual mapuche Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por el asesinato de un matrimonio de ancianos en 2013.

Córdova, que está en huelga de hambre desde más de 90 días, busca cumplir su condena en su hogar en la ciudad de Temuco, donde busca “renovar su rewe” o espiritualidad siguiendo las costumbres ancestrales del mayor pueblo indígena en el país.

“Esta demanda también ha generado una situación de tensión en la medida que pasan los días y no hay una respuesta política”, dijo a la AFP Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales.

El jueves, la Corte de Apelaciones, rechazó un recurso de amparo presentado en favor del machi, que se encontraba en prisión pero fue hospitalizado por el efecto de su protesta.

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Pobres y relegados

Unos 700.000 habitantes del país, en una población total de18 millones, se reconocen como mapuches. Sus niveles de pobreza duplican al del resto de los chilenos.

Después de la llegada de los conquistadores españoles a Chile en 1541 y tras sucesivos procesos, los mapuches quedaron relegados a ocupar cerca de un 5% de sus antiguos dominios.

Agrupados en pequeñas comunidades, sin espacio para sembrar o criar animales, y divididos, la mayoría debió renunciar a sus medios de subsistencia tradicionales y migrar a las ciudades.

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“No se ha resuelto el hacinamiento, el nivel de pobreza y la producción para autoconsumo. Los mapuches hemos enfrentado de forma muy desigual esta situación”, explica a la AFP Diego Ancalao, politólogo del pueblo indígena.

En tanto, Pérez llamó al diálogo y afirmó que “este es un conflicto que lleva mucho tiempo” y que muchos gobiernos han intentado resolver.

“Yo no soy ingenuo de decir que aquí vamos a resolver este tema en uno o tres días, es un proceso”, afirmó.

Fuente: AFP