“Tacumbú se tiene que cerrar y eso implica más presupuesto. Tenemos una deuda constitucional de procesados y condenados, que hace una parte del problema, porque están mezclados y
La secretaria de Estado argumentó que el cierre del establecimiento se debe realizar con el objetivo de dar seguridad al barrio Tacumbú, ya que se trata de una zona urbana que necesita de una reforma y porque en un periodo de tiempo se culminará la Costanera Sur, que también tendrá un impacto.
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Además, mencionó que el cierre tiene que ser un hecho para evitar la corrupción en el establecimiento penitenciario y de esa forma lograr una mayor eficiencia en un nuevo penal que requerirá empezar de cero.
“Hay que comenzar de cero en otro lado, con el esquema de la reforma, sino van a seguir coexistiendo dos sistemas y para eso tenemos que trabajar en un tercer elemento, que es abordar esta situación”, indicó.
La ministra recordó que la capacidad de población del centro penitenciario es para 1.500 personas, pero señaló que hoy están conviviendo más de 2.700 personas, las cuales se encuentran totalmente hacinadas.
Intervenir ante corrupción es difícil
Consultada acerca del monto que se maneja “en negro” dentro del penal (venta de armas, drogas, alcohol u otros), Pérez mencionó que no se maneja con exactitud, pero reconoció que es mucho.
“Es muy difícil tocar o intervenir en esa estructura sin tener una consecuencia negativa. Intentamos administrar, pero después tenemos campañas muy fuertes en contra de personas que traen la información o en contra de los directivos”, señaló.
En ese sentido, la ministra agregó que en algún momento recibió amenazas, pero sin dar muchos detalles, precisó que le hicieron saber que no iba a aguantar en el cargo si ocurría “algo serio” en Tacumbú.
“Tacumbú es muy representativo, si tenes un motín es fácil pedir la cabeza del ministro. Antes había motines y el precio era la cabeza del director, ahora piden la del ministro”, sentenció.
Por otro lado, mencionó que ante la situación sanitaria del Covid-19 y la necesidad del uso de tapabocas, recibió denuncias porque los reclusos pusieron a venta estos insumos.
“El que recibe el tapaboca va y vende por G. 50.000 y esto es algo que vamos a repartir a todos y será un problema de todos los días”, mencionó.
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Finalmente, la ministra reconoció que el sistema penitenciario está extremadamente deteriorado y que no se podrá realizar una hoja de ruta si no se parte de la base y del origen de los problemas.
“Tenemos que reconocer la situación actual para trazar una hoja de ruta y partiendo de eso, hay que cambiar… Tacumbú no maneja una sola persona, sino un conjunto de grupos que no podría puntualmente, pero en connivencia con el personal penitenciario”, concluyó.