“Todavía no hay una investigación sobre el caso. Nosotros no tenemos ningún reporte, este es el informe que yo a duras penas conseguí de la Policía y que
La representante del Ministerio Público indicó además que tampoco tienen en su poder las armas incautadas mencionadas en los documentos policiales.
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Son 43 las personas que fueron imputadas por los supuestos hechos de perturbación a la paz pública y resistencia, a raíz de la gran manifestación del miércoles último y los enfrentamientos posteriores con policías y militares.
Martínez, en otra nota con radio Monumental 1080 AM, señaló que el reporte de la Policía Nacional fue muy general y eso impidió hacer una imputación específica sobre los hechos de saqueos y destrozos a locales comerciales.
“El informe policial es muy genérico y no es claro. No habla de los destrozos en el Banco Nacional de Fomento y habla en seis líneas de lo que ocurrió. 54 personas demoraron y es imposible hacer una imputación objetiva y razonada”, refirió.
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El equipo fiscal además dispuso el levantamiento de la medida restrictiva de libertad a siete mujeres que habían sido demoradas durante los incidentes reportados en la capital departamental.
La multitudinaria manifestación en contra del retroceso a la cuarentena total anunciada por el Gobierno terminó en saqueos, destrozos, incendios, heridos y cerca de 60 detenidos en la noche del miércoles último.
La masiva movilización convocó a familias enteras, pero todo se salió de control cuando un grupo empezó a lanzar piedras y causar destrozos contra los camiones que ingresan y salen del país.
Tras el hecho, también resultaron víctimas varios oficiales de la Policía, en algunos casos afectados con armas de fuego.
La intensa jornada convocó de nuevo a las autoridades sanitarias y de seguridad para plantear las condiciones en que se dará la fase 0 de cuarentena por 14 días.
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De esta forma, el Gobierno Nacional decidió autorizar la jornada laboral de 12 horas con controles en la circulación de personas, para lo cual se movilizará a las fuerzas públicas como la Policía Nacional y el Ministerio Público.
A partir de este acuerdo quedó habilitado todo lo que tiene que ver con las cadenas alimenticias, servicios básicos, personas afectadas a las obras civiles y privadas y su cadena logística, delivery, transporte público, servicio marítimo, industrias en general, talleres mecánicos, actividad agrícola y ganadera, entre otras
