El juez federal Julián Ercolini ordenó que el Grupo Vicentin entregue la totalidad de los libros contables y societarios de sus empresas “que contengan los asientos correspondientes al período
comprendido entre el año 2015 y febrero de 2020“. , La orden se hizo en el marco de la causa que investiga los créditos que el Banco Nación concedió durante el gobierno de Mauricio Macri al Grupo Vicentin por $ 18.500 millones, y respondió a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita que busca conocer en detalle los movimientos financieros de la firma investigada por presuntos manejos fraudulentos.
El caso que lleva adelante el fiscal Pollicita se concentra en la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por el Banco Nación, poco antes de que la empresa anunciara públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.
Para la fiscalía, que pidió el 8 de julio la inhibición de bienes de los directivos de la empresa y de los ex funcionarios involucrados, la maniobra tiene un importante grado de corroboración. Indicó que “las anteriores autoridades del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.
Esto se sostiene, según la fiscalía en el otorgamiento “irregular de millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento “posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
Para avanzar en la investigación, el fiscal solicitó contar con toda la información contable aún no entregada por Vicentin. Por eso el juez Ercolini hizo lugar a la orden de presentación. “Se requieren mayores elementos acerca de la estructura y composición de los órganos sociales de las empresas investigadas, así como también sobre su funcionamiento, evolución comercial, operaciones y vinculaciones intrasocietarias”, planteó Pollicita.
En este punto, la fiscalía entendió que debe contar con la información existente en los libros societarios y contables de las firmas VICENTÍN y ALGODONERA AVELLANEDA. Hasta el momento, se determinó quiénes son los representantes de las empresas investigadas, “que intervinieron en el otorgamiento ilegal de los empréstitos investigados y en la liberación de los fondos existentes en las cuentas de garantía”.
Hasta el momento en la causa, no se conoce de manera certera y actualizada la conformación de los “órganos de gobierno y de administración de la empresa desde donde habrían emanado las decisiones de tomar tales préstamos, desviar los fondos existentes en el BNA y girarlos hacia otras empresas vinculadas, o bien hacia cuentas propias radicadas en otras entidades bancarias”.
Al igual que reclamaron los síndicos, Vicentin no informó aún respecto a la situación económica y financiera durante el ejercicio 2019 —previo a la apertura del procedimiento concursal en el mes de febrero del año 2020—, “circunstancia que amerita recolectar la documentación contable asentada en los libros exigidos por la ley de sociedades y el código de fondo, con la finalidad de determinar el destino impreso a los fondos otorgados por el BNA así como también al dinero en garantía que las firmas tenían en la entidad financiera”, remarcó el fiscal Pollicita.
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