La reacción casi instintiva que tiene el espectador de un show de magia es intentar descubrir cuál es el truco, dónde está la trampa. La política tiene algo de magia trivial;
por ejemplo, cuando se esconde el verdadero objetivo y se elabora una distracción para ocultar el hecho clave. El problema es que en la mayoría de los casos, se terminan descubriendo los hilos del engaño.
El martes Juntos por el Cambio, luego de un encuentro vía zoom en el que Mauricio Macri fue el que menos habló, Mario Negri explicó la posición del bloque frente al proyecto de moratoria y la ampliación del Presupuesto, y a Horacio Rodríguez Larreta le preguntaron qué implicaba el traspaso de juzgados nacionales al ámbito de la Ciudad y cuántos fondos requería, decidió rechazar la invitación que realizó la Casa Rosada a través del Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello para asistir al acto de presentación de la reforma judicial. Tampoco asistieron los representantes de ese espacio en el Consejo de la Magistratura.
El ex presidente Mauricio Macri y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
“Esto nos sirve de alguna manera para abroquelarnos”, deslizó un legislador del PRO. Ocurre que de los más duros a los más dialoguistas, todos rechazan la iniciativa judicial. Además, la decisión de no aceptar el convite del Gobierno marcó el reordenamiento de la coalición opositora y una muestra de homogeneidad, luego de la polémica por el comunicado que se difundiera a raíz del crimen de Fabián Gutiérrez, y que había reflejado la disputa entre unos y otros, que fue aprovechada por el oficialismo.
La oposición desconfía del doble anuncio de Alberto Fernández, el proyecto de ley de reforma judicial y la creación por decreto de un Consejo consultivo que analizará la ampliación y funcionamiento de la Corte Suprema, pero también del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público fiscal.
Varios referentes de JxC se preguntan, pero no quieren asegurarlo con todas las letras, por qué Alberto Fernández crea una comisión, con la presencia del abogado de Cristina Kirchner, para reformar la Corte sin haber buscado el apoyo de la oposición para su integración. Sobre todo porque mas allá de lo que concluya ese consejo, que no es vinculante, el oficialismo necesitará de los dos tercios del Senado, y ese número no lo tiene.
“Si vos querés lograr la ampliación de la Corte, que es lo que le interesa a Cristina, lo lo charlás antes, con la UCR, lo sondeas, preguntás qué pasa si creamos una comisión para que haga esto. Después haces lo mismo con el PRO, con la Coalición Cívica, con el lavagnismo”, sugirió un dirigente radical.
Lo más escépticos recuerdan que para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema hace falta sólo mayoría simple. Para lo que sí son necesarios los dos tercios de los presentes (no de los 72 senadores), es decir, 48 votos, es para aprobar los eventuales candidatos.
“Si la oposición se abroquela, no hay forma. La única posibilidad que tenemos es que haya ausencias y el número disminuya”, admite un peronista. Claro, el Frente de Todos con los aliados, cuenta con 42 senadores comandados por Cristina Kirchner. Y ese número es importante si Juntos por el Cambio no tiene una posición unificada.
El otro punto son los tiempos. Ni la reforma ni la modificación en el Alto Tribunal estarían antes de fin de año. Y 2021 es un año electoral.
Con el mismo énfasis se cuestiona a los miembros de la comisión, porque se trata de representantes de cortes provinciales que no tienen el perfil para proponer una modificación en el funcionamiento de la Corte, el Consejo de la Magistratura y de los fiscales. No hay especialista en derecho administrativo, penal. “Uno de ellos hace 40 años que vive en España”, recuerdan, en alusión a Enrique Bacigalupo.
Respecto de la reforma judicial, sostienen que “el 80 o 90% de la sociedad está a favor de una reforma, el tema es si el contenido del proyecto está destinado a la colonización de un poder o si se quiere dotar de mayor institucionalidad”, opina un macrista.
Es un denominador común en Juntos por el Cambio la idea de que no hay un contexto político, social y mucho menos económico y sanitario, para debatir esta reforma judicial y de la Corte. “No es prioridad”, indican.
Y otro punto merece la transferencia completa de competencias penales a la Ciudad, en un periodo no mayor a los dos años, por lo cual juzgados hasta ahora nacionales en lo criminal y correccional pasarán a ser distritales. Pero claro, eso llevaría también a una transferencia de fondos en lo que concierne a salarios, entre otros gastos. Por ahora, cerca del jefe de gobierno porteño sostienen que no tienen ningún detalle del anuncio aún como la cantidad de juzgados, los fueros, por lo que les resulta difícil calcular los fondos que necesitarían de la Nación.
La duda es si prevalecerá la buena relación entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta para que la transferencia de juzgados sea con los fondos correspondientes. O si se abrirá una disputa y finalizará la “buena convivencia” entre quienes vienen trabajando, codo a codo, contra la pandemia.
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