La guerra de las tabacaleras escaló hasta la Corte Suprema

locales. El tema escaló hasta la Corte Suprema: Massalin Particulares y British American Tobacco (ex Nobleza Piccardo), respaldan un planteo judicial de la AFIP (que debe resolver el máximo tribunal) para que varios productores nacionales, sobre todo Tabacalera Sarandí, paguen el impuesto interno mínimo a los cigarrillos. Las marcas líderes argumentan competencia desleal y que pierden participación de mercado.

El eje de la disputa es un reclamo judicial de la AFIP, que rechaza los amparos presentados por un grupo de pymes con el que evitan pagar el 70% del valor del atado, con un mínimo actual de casi $70. A ese monto fijo se llama “impuesto mínimo” y es lo que más impacta en precio final de los cigarrillos. “En los últimos años se redujeron las ventas de la compañía, a costa de empresas que no pagan los impuestos correspondientes, avaladas por medidas cautelares otorgadas por la Justicia Federal. Como consecuencia de esto, estas empresas pueden vender sus productos a valores mucho menores y así fueron ganando participación de mercado”, señalaron desde Massalin.

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Tabacalera Sarandí produce para Red Point (su marca de bandera), Nevada y West. En la industria aseguran que tiene cerca del 20% del mercado y que relegó a la British, dueña de Lucky Strike, Camel y Rothmans, que concentra el 16%. Massalin (Marlboro y Philip Morris y Chesterfield), lidera con alrededor del 60%. En la industria hablan de competencia desleal y que Sarandí no es una pyme: “Factura más $ 20.000 millones al año y tiene un convenio con la cuarta tabacalera más grande del mundo, la multinacional británica Imperial Tobacco“, señala la solicitada.

La discusión impositiva es crucial en el negocio. El impuesto interno es el más importante de los 5 que tributan los cigarrillos. Es un porcentaje fijo sobre el precio (70%), pero no puede ser menor (impuesto mínimo) a los $68,56 por atado de 20 unidades. Por lo cual si el producto cuesta $20, debería sumar esa cifra (que se actualiza trimestralmente por inflación) y no el porcentaje. “Por eso pueden vender más barato“, argumentan las multinacionales. “Es un impuesto confiscatorio y si se aplica, cerrarían todas las tabacaleras, menos Massalin y British”, respondió Francisco Mármol, ejecutivo de Tabacalera Sarandí.

A pesar de las campañas antitabaco, se calcula que en la Argentina hay 8 millones de fumadores. Según el Ministerio de Agroindustria, en 2019 se despacharon 1.658 millones de atados de 20 unidades, por un valor de $135.101 millones. Esa es la envergadura de la pelea que tiene como centro el precio final del atado. Para tener una idea, un atado de Marlboro común de 20 unidades tiene un precio sugerido de $145. El de Lucky Strike cuesta $130 y uno equivalente de Red Point (la estrella del catálogo de Tabacalera Sarandí) ronda los $100.

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Hay otras dos fabricantes que presentaron cautelares similares: la bonaerense Espert y Tabes, de Salta. Y en conjunto, generan “una pérdida para el fisco alcanza los $ 100.000 millones desde 2016 y sólo en 2020 sería mayor a los $ 40.000 millones”, subraya la solicitada, firmada por casi la totalidad de las cámaras tabacaleras y también por Massalin. Si bien no firmaron, desde la British aclararon que comparten el reclamo y el espíritu del escrito titulado “La Corte Suprema tiene la posibilidad de terminar con el recorte de recursos fiscales para el Estado Nacional y las provincias”. Según publicó La Nación días atrás, el fallo de la Corte sería inminente.

Tabacalera Sarandí contraatacó: en un comunicado, la empresa calificó los reclamos contra las cautelares como  “la embestida judicial de las 2 multinacionales tabacaleras, Philip Morris (Massalin) y British American Tobacco (Nobleza Piccardo) contra las empresas nacionales”. Por otro lado, adelantaron que recusarán al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, “que se coloca como principal defensor del oligopolio mundial“. La compañía dijo que han “denunciado el conflicto de intereses del propio Rosenkrantz, ya que a su vinculación con las multinacionales tabacaleras se suma a que su propia hija, Julia Rosenkrantz, es abogada del mayor estudio del país, Marval, OFarrell y Mairal, cuyo cliente histórico es la multinacional Philip Morris (Massalin)”.