La Corte Suprema de la Nación dispuso que tramite en la justicia penal ordinaria una denuncia por actos de violencia policial hace casi seis años durante el desalojo de terrenos en el barrio porteño de Villa Lugano, informaron hoy fuentes judiciales.
La definición de la “cuestión de competencia” en la causa en la que aparece como denunciado, entre otros, el ex presidente Mauricio Macri -entonces jefe de gobierno porteño- se produjo por mayoría de tres votos contra dos.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda votaron para que la pesquisa la realice el Juzgado Nacional en lo Criminal 26, a cargo de Damián Kierszenbaum, mientras que, en disidencia, el presidente Carlos Rosenkrantz y Elena Higthon consideraron que la competencia debía ser resuelta por la Cámara Federal.
La causa se inició por una denuncia de violencia ilegal por parte de fuerzas de seguridad para el desalojo de terrenos ocupados en la intersección de avenida Cruz y la calle Pola, en el hoy denominado barrio Papa Francisco.
Se denunció un exceso por parte de efectivos de la Policía Metropolitana a quienes la entonces juez de instrucción Gabriela López Iñiguez les había encargado el operativo de desalojo de varios centenares de familias que habían tomado el lugar.
La denuncia consignó que hubo “daños a la propiedad”, lesiones y robos a quienes se habían instalado en el predio, en tanto que también resultó herido el entonces diputado nacional Pablo Ferreyra, presente en el lugar.
La mayoría de la Corte se remitió al dictamen de la procuradora fiscal Adriana Marchisio, quien hace dos años opinó que, como no se había probado que aquel día estuvieran presentes funcionarios nacionales cumpliendo tareas “específicamente federales”, correspondía que actúe la justicia ordinaria.