Deuda: negociar con los bonistas de buena fe, la clave para acceder al FMI

es la definitiva. La cuenta regresiva al próximo 4 de agosto empieza con la última semana de definiciones.

Si bien las diferencias con los bonistas se achicaron ahora, desde la propuesta inicial de abril y la postura de los tenedores de bonos bajo legislación internacional, por unos US$ 64.800 millones en juego, éstas aún existen.

Fuentes oficiales aseguraron que, en caso de no cerrar el canje con los privados (necesita determinados porcentajes de aceptación para hacerlo), dejará esta operación de lado por el momento y seguirá con los pasos previstos: reestructurar la deuda bajo legislación local, para lo cual ya presentó un proyecto de ley en el Congreso, y negociar un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional.

No obstante, el organismo internacional a cargo de la búlgara Kristalina Georgieva tiene algunas limitaciones para prestar a un país en situación de default: el Estado que pide el crédito nuevo debe demostrar que negoció de buena fe con los bonistas.

Y a esto se suma un aspecto relevante que marca el destino del préstamo en cuestión (que el Gobierno de Alberto Fernández aún no pidió pero que ya manifestó intención de hacerlo): la valoración de que el deudor en cuestión, en este caso la Argentina, negoció de “buena fe” recae en la decisión del Comité Ejecutivo (el Board) del FMI.

Dentro del Board del FMI hay 24 directores que representan en esa mesa a los 189 países miembros del Fondo, pero hay uno que tiene poder de veto: Estados Unidos, con un peso de 16,5% dentro de ese comité, puede definir la evolución en uno u otro sentido de las decisiones adoptadas por el organismo.

Según las fuentes consultadas, que conocen el funcionamiento del FMI desde adentro, no existe una especificación en detalle de qué se puede interpretar como “negociar de buena fe”.

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Contaron que cuando se estos préstamos en situaciones de cesación de pagos se denomina dentro del organismo como “lending into arrears” en inglés. Es decir, “prestar en situación de mora o atrasos”.

Pero por ahora, el equipo económico liderado por Martín Guzmán se encargó de transmitir, en las ocasiones que pudo, que todo el intercambio y negociación con los acreedores se está dando dentro del marco de buena fe.

De hecho, en el comunicado del sábado por la tarde del Ministerio de Economía mencionan en cuatro oportunidades que en todo el proceso negociaron dentro de ese marco y, en uno de los casos sostienen que incluso los acreedores “reconocieron el actuar de buena fe por parte de Argentina y sus asesores”.

Fuentes oficiales aseguraron que ese comunicado surgió luego de que el Frente de Todos cerrara filas la semana pasada detrás de la última oferta presentada, en el sentido de que no habrá más recursos para mejorarla.

Por ahora, el Gobierno no solicitó de manera formal un nuevo préstamo al FMI, aunque sí mencionó que ese será el próximo paso, más allá del resultado de las negociaciones con los bonistas.

Lo que buscará es reprogramar los pagos que se deben hacer al organismo internacional del préstamo stand-by que recibió la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri: tras haber aprobado el mayor crédito desembolsado en la historia del Fondo, el país recibió en 13 meses unos US$ 44.000 millones, que es lo que ahora hay que devolver (más los intereses). Así, hasta 2024 hay que repagar unos US$ 49.000 millones, con fuertes vencimientos en 2022 y 2023.

Un paso que se creía que había que atravesar, para llegar a un nuevo préstamo con el FMI, era la revisión de la economía argentina, lo que se conoce como el artículo IV dentro de la jerga del Fondo. Pero según respondió Gerry Rice, vocero principal del organismo el jueves pasado en una conferencia de prensa, no es necesario pasar por ese examen.