La Fiscalía pretende que ambas guarden prisión preventiva porque existe un peligro de fuga y de obstrucción a la investigación. En ese sentido, cuestionan que la magistrada
Ambas están imputadas por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
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Ferreira es la presidenta de la empresa y la directora titular de la firma, Nidia Godoy Ojeda. Según la Fiscalía, bajo supervisión de ambas Imedic SA utilizó facturas falsas de una compañía multinacional para mentir sobre el origen de medicamentos, obtener permisos para su importación y luego comercializarlos en Paraguay sin control.
Luego de permanecer prófugas por varios días, Ferreira y Godoy se presentaron ante la Justicia el pasado miércoles. Además del arresto domiciliario, la magistrada Sánchez dispuso además la prohibición de salida del país, de cambiar de domicilio y de comunicarse entre coprocesados. Además, fijó una fianza real de USD 750.000 para cada una, sobre un inmueble.
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Con la apelación, los fiscales del caso pretenden que un tribunal de Apelaciones anule la resolución de Sánchez y que el caso sea enviado a un nuevo Juzgado Penal de Garantías para repetir la audiencia de imposición de medidas cautelares.
En su apelación, los fiscales sostienen que debido a que la notificación de la jueza llegó a la Fiscalía apenas minutos antes de la audiencia y por lo tanto no participaron de la diligencia, “se ha concretado una real, efectiva y desigualitaria exclusión del Ministerio Público, respecto a actos en los que tenía toda facultad de asistir y defender oralmente sus pretensiones”.
Asimismo, los investigadores cuestionan, entre otras cosas, que en el caso del tercer procesado en la causa, el despachante de aduanas Néstor Ramírez, la jueza sí dictó prisión preventiva, pero el rol que este tuvo en el presunto delito fue menor que el de las directivas de Imedic.
Patricia Ferreira y su padre, Justo Ferreira, también enfrentan otro proceso por presuntas irregularidades en la provisión al Estado de insumos médicos para la lucha contra el Covid-19 en Paraguay.