Coronavirus en Perú: las empleadas domésticas sufren aún más precariedad y discriminación

un sueldo mínimo normado. La discriminación y la invisibilidad para las empleadas domésticas en Perú no son algo nuevo; sin embargo, en plena pandemia de coronavirus​, incluso han empeorado.

Es el caso de Alcira Meléndez, una trabajadora del hogar de 57 años. Lleva cuatro meses viviendo de sus ahorros. Recibió la noticia del confinamiento obligatorio, dispuesto por el gobierno de Martín Vizcarra el 16 de marzo pasado para enfrentar el brote de Covid-19, en el pequeño cuarto que hasta ahora alquila en el distrito limeño de Surco.

Su última empleadora la llamó por teléfono y le prometió volver a contratarla “cuando todo esto acabe”. Entre tanto solo le queda esperar.

“¿Quién va a querer contratar una empleada ahorita? Y más aún, cama afuera”, dice Alcira, resignada, a la agencia EFE. Aún cuando el confinamiento obligatorio en Perú, uno de los más largos del mundo, acabó en 18 de sus 25 regiones el 30 de junio, ello no ha implicado una reactivación laboral para las trabajadoras del hogar.

La pandemia ha puesto en evidencia la precariedad en la que sobreviven millones de trabajadores del país, donde solo en Lima, según cifras oficiales, 2,6 millones perdieron sus empleos.

Sin embargo, por razones históricas y socioculturales, hay grupos que son “invisibles entre los invisibles”, y entre ellos están las trabajadoras domésticas, que bordean las 500.000 personas.

“Antes de la pandemia ya existía la precariedad laboral, pero esta ha empeorado”, señaló a Efe Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop).

Y es que, pese a que llevan más de 30 años luchando por sus derechos, aún son víctimas de una ley que solo les reconoce la mitad de los derechos que a los demás trabajadores, que no indica un sueldo mínimo, y solo en mayo pasado, con un decreto legislativo, estableció que deben tener un contrato de trabajo por escrito.

Derechos por la mitad

Perú ratificó en noviembre pasado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece para ellas un sueldo mínimo, gratificaciones, vacaciones y compensación por tiempo de servicios equivalente a un mes de trabajo, pero la ley vigente, que data de 2003, solo recoge la mitad de estos derechos.

“Estamos bajo una ley desfasada, que no salvaguarda nuestros derechos, que permite la explotación, porque no establece siquiera el sueldo mínimo como base”, remarcó Mozombite.

Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo, al menos cinco de cada diez trabajadoras del hogar reciben menos del sueldo mínimo. Además, al no tener un contrato escrito, cuando eran despedidas, no se reconocían sus derechos.

“Eso es lo que ha pasado en esta pandemia, que han sido echadas de los hogares sin ningún beneficio, sin diálogo, en extrema crueldad”, agregó Mozombite.

Alcira sigue esperando la llamada de quien fuera su jefa hasta marzo. Si no hubiera pandemia, su experiencia en las tareas del hogar y el cuidado de niños, que realiza desde los seis años, no pasaría desapercibida.

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“Empecé cuando fui encargada a una familia para que me críen, en ((la región)) Amazonas”, cuenta. Pero como en Perú “hay que ganarse el techo y la comida”, en esa casa aprendió a lavar, planchar y cocinar.

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Sabe que está en la cola de los derechos laborales; por ello, desde hace varios años se hace cargo de su seguro de salud y aporta al fondo de pensiones. “Me queda poco para poder jubilarme y por eso no dejo de aportar, de mis ahorros. Ojalá la pandemia se acabe antes”, agrega.

Estado ausente

Estar confinada en su cuarto le ha servido para informarse. Así, se enteró del bono “Yo me quedo en casa”, la ayuda económica que otorga el Estado peruano a las familias en situación vulnerable.

Buscó en la lista de beneficiarios, pero su nombre no apareció.

Desde el inicio de la pandemia, según la Asociación Grupo de Trabajo Redes, el 86% de trabajadoras del hogar perdió su empleo; mientras que aquellas que lo conservaron tuvieron que aceptar cumplir el confinamiento en la casa de sus empleadores.

Ese es el caso de Sharo Zambrano, de 46 años, una madre y abuela que trabaja en las tareas domésticas desde los 26 años.

“Hemos acordado esto por la situación que se vive, porque aquí donde trabajo hay una persona mayor, que es de riesgo”, explica.

Pese a la circunstancia, refiere que “no se puede quejar”, porque cuenta con una habitación para ella, algo que no pasa con muchas trabajadoras en su situación, que se han tenido que acomodar en una cama convertible ubicada en los salones.

Su hijo de 24 años y su nieta de 3 años la esperan en casa. “Solo nos comunicamos por videollamada, pero ya he conversado con la señora para salir un fin de semana de estos”, agrega.

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Como parte de la reactivación económica del país, los ministerios de Trabajo, Producción y Salud establecieron diversosprotocolos sanitarios preventivos. Sin embargo, según denunciaron el Grupo Redes y Fenttrahop, ninguno creó un protocolo sanitario para ellas.

“Creemos que estamos pasando desapercibidas, invisibilizadas. Para nosotras no existe ningún protocolo sanitario y ningún ministerio se hace verdaderamente cargo”, remarcó Mozombite.

Al respecto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que ha dado a estas trabajadoras un centenar de canastas de víveres y otras atenciones de primera necesidad, mientras que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) señaló a Efe que no tiene competencia directa en el tema.

Mercedes Palomino, agencia EFE