Los tres arrestados por la gestión del vertedero vizcaíno de Zaldívar, cuyo colapso el pasado febrero provocó la muerte de dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, han quedado en libertad provisional
con la obligación de comparecer una vez al mes. Además, se les ha retirado el pasaporte, según han informado fuentes oficiales del Poder Judicial. Los implicados, que son el dueño de la compañía, José Ignacio Barinaga; su sobrina y gerente de la planta, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe Juan Etxebarria, se han acogido a su derecho a no declarar tras ser arrestados el pasado martes, según ha avanzado El Correo. Desde entonces habían permanecido en dependencias de la Ertzaintza en el municipio guipuzcoano de Eibar. Finalmente, en torno a las diez de esta mañana han sido trasladados a los Juzgados de Durango. Las detenciones han sido objeto de polémica. Desde la empresa, Verter Recycling, las catalogaron de «ilegales» después de que la juez tuviera que desmentir públicamente que ella no había dado la orden, sino que se trataba de una actuación estrictamente policial. Desde el Poder Judicial confirmaron que ninguno de los jueces que llevan las dos causas abiertas, una por delitos contra la salud de los trabajadores fallecidos, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze; y otra contra el Medio Ambiente, ordenaron el arresto de los altos cargos de Verter Recycling. El Departamento de Seguridad alegó que todo se trató de un «malentendido», y subrayó que los jueces tenían «conocimiento» de los arrestos.
FUENTE DIARIO ABC: