El gobierno de Cuba impone duras normas a los médicos que envían a distintos países en misiones sanitarias, denunció Human Rights Watch, que advierte además que los gobiernos que
piden asistencia de los cubanos para responder a la pandemia del coronavirus deben exigir a La Habana varios cambios para que se protejan derechos fundamentales de los trabajadores de la salud como la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación y el libre movimiento. Por Paula Lugones
En un informe difundido este jueves en Washington, Human Rights Watch señaló que, desde marzo, Cuba ha enviado cerca de 1.500 médicos a distintos países a colaborar con la lucha contra la pandemia de Covid-19. Ya había más de 30.000 trabajando en el extranjero.
A comienzos del brote en la Argentina, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillofevaluó contratar a unos 200 médicos cubanos para sumarlos a la lucha contra el coronavirus, pero se enfrentaron con el rechazo de las asociaciones médicas y parte de la sociedad. Resaltaban que en nuestro país había profesionales para contratar y también salieron a la luz historias de abuso a las que son sometidos los médicos cubanos por su gobierno. Finalmente se desistió de esta movida para no afrontar el costo político que conllevaba.
Un equipo de médicos cubanos en la capital de Angola, Luanda, a donde llegaron para colaborar en la lucha contra el Covid-19. /EFE
El informe resalta que las reglamentaciones de La Habana establecen que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias si entablan “amistad” con personas que tengan “opiniones hostiles o contrarias a las de la revolución cubana”. Los trabajadores sanitarios también pueden ser sancionados si “abandonan” su trabajo.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rigths Watch, señaló: “Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de Covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas”. Y añadió que “los gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental”.
Las sanciones previstas para quienes cometan infracciones disciplinarias van desde la retención de salarios hasta la expulsión de la misión y el regreso a Cuba, apunta el informe. El Código Penal de Cuba prevé que el personal médico que “abandone” su trabajo puede ser objeto de procesos penales y penas de hasta ocho años de cárcel, una medida que resulta absolutamente desproporcionada y que afecta el derecho a la libertad de los trabajadores de la salud cubanos.
“Los gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos”, explicó Vivanco. Y concluyó: “A nadie le sorprende que el régimen cubano no esté dispuesto a respetar los derechos de sus trabajadores de la salud, pero otros gobiernos deben abstenerse de contribuir a esta explotación”.
Washington, corresponsal
Clarín