“Diálogo no quiere decir que estemos de acuerdo en todo”. La aclaración de Horacio Rodríguez Larreta acaso funcionó como un aviso. El jefe de Gobierno porteño ratificó su intención de sostener
la coordinación con Alberto Fernández y Axel Kicillof para afrontar la pandemia. También de acordar medidas para atenuar la crisis económica. Pero ya se prepara para una disputa con la Casa Rosada por los fondos para el traspaso de la Justicia ordinaria a la Ciudad. Y a la vez a mostrar diferencias en otros proyectos que se debatirán en el Congreso, como el impuesto a las grandes fortunas.
Ante el aumento de la tensión entre el Gobierno y un sector de la oposición, y aun con reproches internos, Rodríguez Larreta mantuvo sus posiciones moderadas. El alcalde porteño resistió los cuestionamientos del ala dura de Juntos por el Cambio referenciada en Mauricio Macri, sostuvo la relación con Alberto Fernández y descontaba que tarde o temprano llegaría el tiempo de diferenciarse. Con el antecedente de la pelea por los fondos por la transferencia de la Policía, ahora en la Ciudad advierten que con el traslado de los juzgados nacionales con asiento en la Capital arrancará una discusión por los recursos.
“Lo que se llaman competencias ordinarias deben pasar a la Ciudad de Buenos Aires”, confirmó el Presidente en la entrevista a Página 12 su intención de avanzar con esa cuestión pendiente desde la reforma constitucional de 1994. “Si el traspaso viniera con los fondos, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Si no, es imposible. No cumpliría con lo que establece la Constitución y la Ciudad no estaría en condiciones de hacerse cargo”, dijo Pablo Tonelli -diputado del PRO- a Clarín, con la referencia al artículo 75 que exige que en casos de transferencia de competencias tendrá que haber reasignación de recursos, aunque ya hubo disputas con los traspasos del subte y de la Policía. Incluso quedó una discusión pendiente sobre el aumento de coparticipación a la Ciudad, de 1,4% a 3,75% -luego reducida a 3,5% con el Pacto Fiscal-, dispuesto por Macri en 2016. A principios de año, Alberto Fernández analizaba volver a bajar el porcentaje. La quita de un punto implicaba en ese momento unos $35 mil millones. Rodríguez Larreta estudiaba recurrir a la Corte Suprema para frenarlo.
En la sede de Parque Patricios estimaron en $22 mil millones anuales el presupuesto que demandaría sólo para sueldos el traspaso de los fueros laboral, civil, comercial y una parte del penal ordinario. Aparte quedarían las reformas edilicias y de infraestructura. “Es un cálculo, porque el número exacto lo tienen ellos”, aclaró un funcionario del área. Pese a la relación más fluida por la pandemia, hasta el momento desde Nación no dieron detalles del marco del traspaso. “Hay muchos temas. ¿Dónde van a funcionar los nuevos juzgados? ¿Los presos van a ir al Sistema Penitenciario Federal?”, se preguntaron en Ciudad. En caso de que el proyecto contemple transferencia de fondos la discusión será por el cálculo y la modalidad (por cambios en coparticipación, por partidas) con otro reclamo pendiente de la administración porteña: no hubo compensación por el traspaso ya concretado de parte del fuero penal.
Como contó Clarín, Rodríguez Larreta se sumará a la propuesta de elaborar en conjunto un plan para intentar reactivar la economía en el AMBA en la salida de la pandemia, con la percepción de que en el marco de ese diálogo el Gobierno nacional no avanzará con medidas controvertidas, como la poda de la coparticipación. La reforma judicial agregará otro motivo de negociación, una carta que podría usar el Gobierno para conseguir el apoyo de Rodríguez Larreta al menos para ese capítulo del proyecto, en un escenario de tensión en el que se tratará la iniciativa. Referentes de Juntos por el Cambio ya salieron a plantear que el Frente de Todos “busca impunidad” y en especial aliviar la situación de Cristina Kirchner. “Si se va a usar para poner jueces en la mira, estamos totalmente en desacuerdo. Ojalá se pueda lograr un buen equilibrio de diálogo”, había dicho el jefe de Gobierno porteño a CNN Radio. “La transferencia de competencias nacionales a la Ciudad va en línea con la autonomía que siempre defendimos. Lo que exigimos es que venga financiado, como dice la Constitución”, ratificó Alvaro González, diputado del sector de Rodríguez Larreta.
A su vez, en la Ciudad dejaron trascender una posición contraria al impuesto a las grandes fortunas, aunque esperarán a conocer el proyecto para expresarla públicamente. La iniciativa había generado posturas encontradas en Juntos por el Cambio, con el cuestionamiento de referentes del PRO y el aval de algunos radicales, como Gerardo Morales. Rodríguez Larreta se mantuvo en silencio. “Estamos preparando los argumentos para el rechazo”, adelantó un funcionario.
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