
El efecto de la pandemia volvió a quedar registrado en las cuentas públicas: en junio hubo un déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda) de $ 253.706
millones. De esta manera, en el acumulado del primer semestre el rojo fiscal llega a representar alrededor de 3,5% del PBI.
En el primer semestre del año pasado, aún en un programa con el Fondo Monetario en el que se buscaba llegar al equilibrio fiscal, las cuentas fiscales estaban levemente en positivo. Pero en lo que va del año con el coronavirus, los recursos fiscales se redujeron por el freno en la actividad y, además, las medidas para buscar paliar los efectos en los ingresos de la población implicaron un fuerte aumento del gasto.
En lo que va del año, el déficit primario llegó casi al billón de pesos: $ 924.664 millones calculó el economista Guido Lorenzo, director de LCG, cifra que implica un 3,7% del PBI.
Matías Carugati, de Seido, estimó que el déficit acumulado del primer semestre llegó a 3,3% del PBI. En el mismo período de 2019 hubo un superávit equivalente a 0,1% del producto.
Al volver a junio, cuando se suma el pago de intereses de la deuda pública, que fueron por $ 34.859 millones, el déficit financiero llegó a $ 288.565 millones.
El impacto de la pandemia y de la cuarentena se vio por el lado de los ingresos, que crecieron en el sexto mes sólo 7,8%, frente a una suba del gasto público de 73% en la comparación con junio del año pasado.
Por el lado del gasto, el total ascendió a $ 656.605 millones en junio, una suba de 73%. “Este monto es reflejo del sostenimiento de las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo para contener al empleo, la producción y el ingreso de las familias en el marco de la pandemia, además de compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales”, explicó el comunicado del Ministerio de Economía.
De hecho, se dio una fuerte suba en las transferencias corrientes, que se triplicaron por los pagos del bono IFE, el programa ATP y el Alimentar Las erogaciones en concepto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) concentraron cerca de $ 99.750 millones del incremento. Por su parte, el programa Alimentar registró un incremento de $ 8.050 millones y las asignaciones en materia de Apoyo al Empleo aumentaron alrededor de $ 2.950 millones, se detalló de manera oficial.
A su vez agregaron que para las medidas de contención sanitaria, se financiaron gastos adicionales de la Superintendencia de Salud y del PAMI por casi $ 12.500 millones.
A su vez, los subsidios a la energía en junio se duplicaron, también dentro del marco de la pandemia, se explicó. “Dentro de esta variación, el aumento de la asistencia financiera a CAMMESA representó $ 17.200 millones”, se informó.
Las transferencia a las provincias también crecieron con fuerza, un 304% interanual. “Este aumento fue explicado por el concepto de convenios especiales ($ 8.106 millones), erogaciones destinadas a reforzar las cajas previsionales provinciales no transferidas al SIPA ($2.098 millones), refuerzos a hospitales provinciales ($2.088 millones) y la asistencia al Fondo Nacional de Incentivo Docente ($1.722 millones)”, se agregó.
Por el lado de los ingresos, llegaron a $ 402.899 millones, una variación interanual nominal de 7,8% (frente a una inflación cercana al 40%). “A pesar de la persistencia de los efectos negativos de la pandemia y de las medias de aislamiento y distanciamiento social, el crecimiento interanual de los recursos se aceleró respecto al mes de mayo”, se justificó de manera oficial.
Los recursos tributarios crecieron 26% interanual, lo que en términos reales implica una caida de más de 15 puntos. Los ingresos fueron impulsados por los aportes y contribuciones a la seguridad social (23%), impuestos a débitos y créditos (52%) y a bienes personales (293%).
A su vez, las rentas de la propiedad se vieron afectadas “por las medidas de alivio financiero para las familias mientras que los recursos de capital muestran una caída sustancial debido a la elevada base de comparación”. En cuanto a las primeras, percibieron una caída de 20,1% interanual debido a la suspensión del pago de las cuotas por créditos otorgados de la ANSES al sector privado.
En cuanto a los segundos, se observó una caída de $ 50.507 millones (-78%) que se explica por la venta de activos fijos de empresas públicas registrada en junio de 2019 por un monto de $ 44.596 millones y, en menor medida, por menores recursos disponibles de ANSES para el financiamiento del programa de Reparación Histórica, se detalló desde la cartera a cargo de Martín Guzmán.
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