Ni mejora en la calidad institucional ni mayor celeridad en la provisión de Justicia. En la Corte Suprema de la Nación creen tener la certeza de que el nuevo embate
del kirchnerismo para reformar el Máximo Tribunal tiene nombre propio –Cristina Kirchner– y un objetivo central: aliviar la situación judicial de la vicepresidenta, con más de media docena de causas por presunta corrupción que la tienen en la mira. Lo admiten en privado a Clarín dos altas fuentes del cuerpo. No lo dirán en público, tal cual su histórica costumbre.
Como contó este diario, a fines de abril hubo una señal de alerta para la ex mandataria, vinculada con un reclamo paralelo. Como titular del Senado, Cristina había pedido certezas sobre la validez para realizar sesiones virtuales en la Cámara alta. La Corte rechazó ese recurso por unanimidad. El 5 a 0, más allá de la naturaleza de la presentación, dejó en claro que estos jueces no serían permeables a la presión de la ex presidenta. Al menos no todos ni en los niveles que suele desear el kirchnerismo.
Con esa certeza, lo que vino después fue una avanzada persistente contra la Justicia en distintos niveles: entre otras cosas, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante en causas contra Cristina y sus hijos, el Consejo de la Magistratura cuestionó el traslado de magistrados durante la gestión de Mauricio Macri -algunos vinculados a casos contra la ex presidenta- y se multiplicó el pedido para ampliar la Corte Suprema.
Esa presión tuvo un quiebre sensible hace algunas semanas: después de haber asegurado en campaña y en el arranque de la gestión que no tenía intenciones de reformar el Máximo Tribunal, Alberto Fernández cedió -otra vez- a la presión de su compañera de fórmula y aceptó convocar a un consejo consultivo que discutiera una eventual ampliación. La convocatoria a expertos y el debate acompañaría el proyecto de reforma judicial que el Presidente prometió mandar finalmente esta semana al Congreso.
El cambio de posición de Alberto Fernández y la postura actual de la propia Cristina exponen una contradicción más en su recorrido y relato. Fueron ella como senadora y él como jefe de Gabinete quienes durante la gestión de Kirchner defendieron la reducción de 9 a los 5 miembros actuales. El dato no sólo lo repiten en la Corte, sino que lo recordó en una nota de opinión el titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato.
En un extenso artículo, que puede encontrarse en la cuenta de Twitter del sindicalista, Piumato asegura que “siempre detrás -tanto del aumento de miembros como de sus intentos fallidos de aumentarlo- estuvo la intención de subordinar el funcionamiento de la Corte y en consecuencia de todo el Poder Judicial al Gobierno de turno“. En un recorrido histórico que arranca con la Constitución de 1853, y en medio de cuestionamientos a dirigentes peronistas, radicales, desarrollistas y macristas, el gremialista rescata prácticamente una sola modificación, justamente la de 2006, que ahora quieren desandar los mismos personajes que la auspiciaron.
Además de propiciar el aumento de miembros, se habla desde volver a 9 hasta llegar a 15, con división por salas -siempre con el objetivo implícito de sumar integrantes afines– también se discuten cambios que determinen cuándo y cómo debe tratar la Corte los recursos extraordinarios federales, el camino por el que le llegan la mayoría de los casos. “Detrás de ese discurso, donde hablan de celeridad y justicia, acá lo que quiere Cristina es que tratemos los recursos que ella presentó para hacer caer o dilatar la causa de Vialidad”, apuntan desde una vocalía de la Corte a este diario.
Se refieren a la única causa contra la ex presidenta con un juicio oral en marcha. Entre otras cosas, Cristina argumentó que este presunto redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez ya fue juzgado en Santa Cruz -por lo cual no debería haber juicio o en todo caso volver a revisarse allí- y pidió una de peritaje de pruebas que, en la práctica, demoraría un par de años el proceso.
En mayo de 2019, cuatro de los cinco miembros de la Corte -Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti- habían pedido el expediente de esa causa para discutir los recursos. El único que se opuso fue el presidente del Alto Tribunal, Carlos Rosenkrantz. El revuelo político y mediático que generó la decisión, que en la práctica -como mínimo- hubiera retrasado el arranque del juicio contra Cristina, justo cuando empezaba la campaña electoral, terminó con una marcha atrás.
Ahora los tiempos también son sensibles: si la Corte fallara a favor de la ex presidenta, podría interpretarse que cedió a la presión ante el proyecto de ampliación; si lo hace en contra, podría concluirse lo contrario, que lo hizo como respuesta a la idea de un cambio.
“La ex presidenta sabe que los jueces de este TOF que la juzgan tienen lo que hay que tener. Por eso teme que la condenen y busca hacer caer o demorar la causa”, amplían en a Corte. Otra fuente cercana al Máximo Tribunal cuestiona con números las críticas por la falta de celeridad: “De los 29.000 fallos que firmó la Corte el año pasado, cerca del 60% fueron por temas previsionales o de salarios en negro de las fuerzas de seguridad y armadas que llegaron por apelaciones del Estado. Es decir, el Gobierno te dice que quiere más agilidad, pero apela los fallos de los jubilados o de los sueldos de los policías y demora todos los procesos. Además, si un expediente tiene que circular por 9 despachos en vez de 5, ¿cómo le vas a dar más agilidad?”.
También, y como siempre, se hablará de plata. Los anti reforma argumentan: ¿Con la Justicia en emergencia, se agrandará la estructura de ese poder? ¿En medio de una crisis económica inédita por la deuda y la pandemia?
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