Según el contrato Nº 441/2019 de la licitación Nº 28/2019 de Mantenimiento preventivo y correctivo con provisión de repuestos a demanda para tomógrafos y angiógrafos de la marca
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Al respecto, el ministro de Salud aseguró que “no existe tal sobrefacturación”. “Esto está claramente explicado, hablamos de un contrato de mantenimiento que está ejecutado a un 60%. Es un contrato abierto que se usa según necesidad. A esta altura no se compró ningún equipo. Este es un ahorro y una inversión apropiada para el Ministerio de Salud”, afirmó.
Compras condicionadas
Sobre el mismo punto, el viceministro de Salud, Julio Rolón, conversó en la fecha con radio Monumental 1080 AM. El funcionario del Estado aseguró que el costo de los equipos tiene directa relación con la tecnología y el uso que se le da. No obstante, explicó que los artefactos no fueron comprados.
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Mencionó que los precios son fijados por las empresas proveedoras de los equipos y el Ministerio de Salud está condicionado a comprar de la firma para que no se pierda la garantía. Indicó que tanto los tomógrafos y angiógrafos requieren de mantenimiento y cambio de piezas.
Respecto al contrato en cuestión, el viceministro de Salud explicó que se firmó el contrato en el 2019. “Dentro de este contrato no hemos usado el mouse ni el teclado, ni otro componente. Esto es un mantenimiento correctivo y preventivo, con provisión de repuestos a demanda”, justificó.
Rolón agregó que este tipo de contratos incluye las piezas que cada cierto tiempo deben ser reemplazadas en equipos que tienen mucho uso. “Ellos te pasan los repuestos a demanda. Son 370 los ítems que están en la lista. Todo forma parte de la empresa. Los costos los fija la empresa, que es la única”, dijo.
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Para el secretario de Estado, una alternativa para evitar posibles sobrecostos sería que las empresas puedan justificar el precio que pasan en el desglose con el valor de mercado. Indicó que la formación de firmas locales que se dediquen a la provisión de implementos biomédicos integradas por expertos también es otra alternativa.
“Si usamos otras marcas, sin autorización de la empresa, se pierde la garantía. Las condiciones son limitantes. Claramente es un modelo de negocios. Lo ideal sería que aparezcan empresas nuevas”, aseguró.
La empresa adjudicada es Dysa Healthcare SA, con contrato desde diciembre del 2019, con un monto de G. 3.332 millones. Según los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), no se facturaron aún los servicios en este concepto.