La Suprema Corte bonaerense suspendió al polémico fiscal general de Lomas de Zamora

Enrique Ferrari, quien amenazaba a sus subordinados con fotos de Hannibal Lecter.

La decisión se tomó con el voto a favor de los jueces supremos Daniel Soria, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Luis Genoud. Mientras, que el juez Eduardo de Lázzari votó en contra de la mayoría.

Así se podrá nombrar a los miembros del jury, que ya ha sido creado, para decidir si se destituye a Ferrari, quien cuenta con el apoyo de los sectores ultra K.

El suspendido fiscal general de Lomas de Zamora está acusado de favorecer a un barrabrava conocido del ex viceministro de Justicia Julián Alvarez, de disolver la Unidad de Coordinación para Causas de Delitos Complejos y Crimen Organizado que investigaba a Pablo Moyano y el lavado de dinero en La Salada, entre otras irregularidades.

Además, se hizo famoso por mandar mensajes a sus subordinados con fotos de su estado de Whatsapp de pirañas y jabalíes muertos.

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​ La primera alarma sobre su conducta se prendió cuando, a pedido de Javier Raidan, el operador judicial del ex Secretario de Justicia de CFK, Ferrari propició que se suspendiera el juicio contra un barrabrava de Julián Álvarez llamado Juan Manuel Soto hasta después de las elecciones de octubre del año pasado. El juicio era por un homicidio consumado, varios homicidios tentados, amenazas de muerte y coacciones. La presidente del tribunal oral extrajo copia de un escrito de Ferrari y lo denunció ante la Procuración provincial.

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Otras de las conductas investigadas de Ferrari era su estrategia de cambiar de destino a los fiscales que investigaban al kirchnerismo, a los Moyano o a su abogado Daniel Llermanos.

Pero lo más grave fue su decisión de disolver la Unidad de Coordinación para Causas de Delitos Complejos y Crimen Organizado que dirigía el fiscal Sebastián Scalera, quien había pedido la detención de Pablo Moyano en 2018.

Ferrari desmanteló esa unidad y mandó que las causas volvieran a las fiscalías de origen, sin asignarles ningún recurso para impulsarlas.

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En los hechos, esto fue un intento de favorecer a los implicados en las causas de los delitos vinculados a la barra brava de Independiente y de La Salada, entienden fuentes judiciales.

Pero Conte Grand revocó la disolución y pidió a la Suprema Corte que licenciara a Ferrari. Sin embargo, aprovechando la pandemia consiguió una prórroga de hecho por varios meses. Cuando la Procuración General recibió denuncias de sus subordinados y comenzó a investigar los hechos, Ferrari trasladó y despojó de sus funciones a los que habían declarado en el sumario en su contra, “violando expresamente lo establecido por la Ley de Violencia Laboral en defensa de denunciantes y testigos”, contó una fuente judicial.